HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Pocas horas después de ser detenidas en una estación de la
Patrulla Fronteriza en Texas, dos jóvenes hermanas guatemaltecas denunciaron que un agente las manoseó al hacerles una revisión desnudas.
El agente refutó las acusaciones, incluso la afirmación de las hermanas de que tocó sus genitales. Insistió en que sólo les había tomado las huellas dactilares a las dos adolescentes antes de escoltarlas de regreso a su celda.
Se abrió una investigación y se determinó que era la palabra de las chicas contra la palabra del agente. Y como ocurre con decenas de casos similares, los investigadores fallaron a favor del agente.
Activistas dicen que ese caso, detallado en un reporte compilado por investigadores internos, muestra los obstáculos que deben superar los inmigrantes cuando presentan denuncias de abuso, incluso cuando lo hacen inmediatamente, como hicieron las jóvenes guatemaltecas.
“En realidad, estas jóvenes tuvieron suerte _a falta de una palabra mejor_ de que su caso siquiera fue investigado”, dijo Christina Mansfield, cofundadora del grupo activista Freedom for Immigrants (Libertad para los inmigrantes). 'Eso casi nunca ocurre”.
Las hermanas, de 17 y 19 años, entraron a Estados Unidos sin autorización en julio del 2016, varios días después de partir de su aldea natal en Guatemala. Fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza poco después de cruzar.
La Associated Press recibió una copia censurada del reporte de la investigación mediante una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información. El documento demuestra que las autoridades determinaron que las denuncias de las jóvenes no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas físicas.
La estación en donde las hermanas fueron detenidas no tiene cámaras en la sala de registros.
La habitación a la que las jóvenes dicen ser llevadas, al parecer un compartimiento de suministros o un closet, no fue inspeccionada en busca de huellas dactilares porque según las jóvenes ellas no tocaron nada allí. El agente acusado dice que estaba solo con ellas debido a falta de personal.
Los activistas dicen que la Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional, que revisó el caso de las jóvenes, rara vez recomienda sancionar a un oficial. Un estudio del grupo Freedom for Immigrants halló que entre enero de 2010 y julio de 2016, la inspectoría general recibió 84 denuncias de contacto sexual inapropiado contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluye a la Patrulla Fronteriza. La inspectoría solo abrió siete investigaciones, ninguna de las cuales derivó en acusaciones penales, según el estudio realizado en base a documentos oficiales.
La averiguación halló además que una cantidad muy baja de casos eran investigados por la inspectoría general en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas.
La CBP se negó a hablar específicamente del caso de las hermanas guatemaltecas, o a revelar si el agente involucrado fue sancionado. Sólo dijo que siempre trata a los inmigrantes “con profesionalismo y cortesía”.
Las autoridades migratorias detienen y procesan cada mes a miles de personas que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. La directora de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, dijo en una reciente entrevista que su agencia se toma 'muy, muy seriamente” cualquier denuncia contra sus 19,000 agentes. Previamente Provost era la directora del departamento de asuntos internos de la entidad, que investiga denuncias de conducta inapropiada por parte de los empleados.
Las denuncias, aseguró Provost, “son muy pocas e infrecuentes”.
Los agentes llevaron a las hermanas a la estación de la Patrulla Fronteriza Presidio y las registraron en la misma celda de detención. Los agentes que las detuvieron se fueron a atender otro llamado.
Según el reporte, un tercer agente sacó a la hermana mayor de la celda. Él les dijo a los investigadores que procesó y tomó las huellas dactilares de cada una antes de regresarlas a la celda.
La hermana mayor cuenta otra historia. Dijo que el agente la llevó a una sala trasera que tenía una mesa llena de refrigerios y bebidas. Ahí el agente le dijo que se levantara el suéter y el vestido. La mujer dijo que cuando una pequeña fotografía cayó de su sostén, el agente se lo subió. Entonces, dijo, le pidió que se quitara los pantalones y bragas, y tocó sus genitales con el dorso de la mano.
La hermana menor acusó al agente de hacer una revisión similar.
Las directrices de la Patrulla Fronteriza prohíben que agentes masculinos hagan registros al desnudo a mujeres “excepto en circunstancias urgentes” y sólo cuando otro agente está presente para observar. Bajo las normas, un registro vaginal debe hacerlo un médico en una instalación médica.
El agente acusado habló tres veces con los investigadores. La última vez, un investigador señaló que el agente “parecía nervioso y distante” y “tenía que revisar constantemente la declaración preparada” de su primera entrevista.
El agente no respondió mensajes telefónicos de The Associated Press, y tampoco lo hizo su abogado Raymond Martinez.
Con el tiempo, las hermanas fueron liberadas y se fueron a vivir con su madre a California. Una de las hermanas ha demandado al gobierno de Estados Unidos. Los documentos muestran que ambas partes negocian un acuerdo.
El agente refutó las acusaciones, incluso la afirmación de las hermanas de que tocó sus genitales. Insistió en que sólo les había tomado las huellas dactilares a las dos adolescentes antes de escoltarlas de regreso a su celda.
Se abrió una investigación y se determinó que era la palabra de las chicas contra la palabra del agente. Y como ocurre con decenas de casos similares, los investigadores fallaron a favor del agente.
Activistas dicen que ese caso, detallado en un reporte compilado por investigadores internos, muestra los obstáculos que deben superar los inmigrantes cuando presentan denuncias de abuso, incluso cuando lo hacen inmediatamente, como hicieron las jóvenes guatemaltecas.
“En realidad, estas jóvenes tuvieron suerte _a falta de una palabra mejor_ de que su caso siquiera fue investigado”, dijo Christina Mansfield, cofundadora del grupo activista Freedom for Immigrants (Libertad para los inmigrantes). 'Eso casi nunca ocurre”.
Las hermanas, de 17 y 19 años, entraron a Estados Unidos sin autorización en julio del 2016, varios días después de partir de su aldea natal en Guatemala. Fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza poco después de cruzar.
La Associated Press recibió una copia censurada del reporte de la investigación mediante una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información. El documento demuestra que las autoridades determinaron que las denuncias de las jóvenes no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas físicas.
La estación en donde las hermanas fueron detenidas no tiene cámaras en la sala de registros.
La habitación a la que las jóvenes dicen ser llevadas, al parecer un compartimiento de suministros o un closet, no fue inspeccionada en busca de huellas dactilares porque según las jóvenes ellas no tocaron nada allí. El agente acusado dice que estaba solo con ellas debido a falta de personal.
Los activistas dicen que la Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional, que revisó el caso de las jóvenes, rara vez recomienda sancionar a un oficial. Un estudio del grupo Freedom for Immigrants halló que entre enero de 2010 y julio de 2016, la inspectoría general recibió 84 denuncias de contacto sexual inapropiado contra agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que incluye a la Patrulla Fronteriza. La inspectoría solo abrió siete investigaciones, ninguna de las cuales derivó en acusaciones penales, según el estudio realizado en base a documentos oficiales.
La averiguación halló además que una cantidad muy baja de casos eran investigados por la inspectoría general en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas.
La CBP se negó a hablar específicamente del caso de las hermanas guatemaltecas, o a revelar si el agente involucrado fue sancionado. Sólo dijo que siempre trata a los inmigrantes “con profesionalismo y cortesía”.
Las autoridades migratorias detienen y procesan cada mes a miles de personas que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. La directora de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, dijo en una reciente entrevista que su agencia se toma 'muy, muy seriamente” cualquier denuncia contra sus 19,000 agentes. Previamente Provost era la directora del departamento de asuntos internos de la entidad, que investiga denuncias de conducta inapropiada por parte de los empleados.
Las denuncias, aseguró Provost, “son muy pocas e infrecuentes”.
Los agentes llevaron a las hermanas a la estación de la Patrulla Fronteriza Presidio y las registraron en la misma celda de detención. Los agentes que las detuvieron se fueron a atender otro llamado.
Según el reporte, un tercer agente sacó a la hermana mayor de la celda. Él les dijo a los investigadores que procesó y tomó las huellas dactilares de cada una antes de regresarlas a la celda.
La hermana mayor cuenta otra historia. Dijo que el agente la llevó a una sala trasera que tenía una mesa llena de refrigerios y bebidas. Ahí el agente le dijo que se levantara el suéter y el vestido. La mujer dijo que cuando una pequeña fotografía cayó de su sostén, el agente se lo subió. Entonces, dijo, le pidió que se quitara los pantalones y bragas, y tocó sus genitales con el dorso de la mano.
La hermana menor acusó al agente de hacer una revisión similar.
Las directrices de la Patrulla Fronteriza prohíben que agentes masculinos hagan registros al desnudo a mujeres “excepto en circunstancias urgentes” y sólo cuando otro agente está presente para observar. Bajo las normas, un registro vaginal debe hacerlo un médico en una instalación médica.
El agente acusado habló tres veces con los investigadores. La última vez, un investigador señaló que el agente “parecía nervioso y distante” y “tenía que revisar constantemente la declaración preparada” de su primera entrevista.
El agente no respondió mensajes telefónicos de The Associated Press, y tampoco lo hizo su abogado Raymond Martinez.
Con el tiempo, las hermanas fueron liberadas y se fueron a vivir con su madre a California. Una de las hermanas ha demandado al gobierno de Estados Unidos. Los documentos muestran que ambas partes negocian un acuerdo.
