El fiscal que denunció presiones del gobierno venezolano para condenar al líder opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel fue destituido, anunció este lunes la fiscal general, Luisa Ortega.
Franklin Nieves, uno de los fiscales del caso contra el dirigente opositor, 'fue destituido y por supuesto perdió sus derechos de jubilación lamentablemente', dijo la fiscal en una entrevista con el canal privado Venevisión.
En su primera declaración sobre este tema, Ortega detalló que el despido de Nieves fue por 'abandono de su puesto de trabajo', sin precisar desde cuándo se ausentó el investigador.
'El Ministerio Público, una vez que procedió a destituirlo, no tiene ningún otro paso que hacer, salvo que en medio de esta indagación, la inspección que estamos haciendo en su fiscalía, encontremos algún elemento que nos haga presumir alguna irregularidad', añadió la funcionaria.
En un video difundido el pasado viernes, Nieves dijo que salió del país junto con su familia por 'presiones' del gobierno y sus superiores para defender la sentencia contra López a 13 años y nueve meses de cárcel, tras un juicio que tildó de 'farsa'.
'Van a escuchar descalificaciones e injurias en mi contra porque no me presté para continuar con la farsa que se montó', afirmó el fiscal, quien prometió entregar nuevos detalles del caso, pero sin revelar su paradero.
Nieves debía defender el fallo dictado el pasado 10 de setiembre, ante una apelación presentada el 16 de octubre por la defensa del fundador del partido de centroderecha Voluntad Popular.
López, de 44 años y líder del ala radical de la oposición, fue condenado bajo acusaciones de incitar a la violencia durante protestas para presionar la renuncia del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y capturados entre febrero y mayo de 2014.
Luego de la declaración del fiscal, la Mesa de la Unidad Democráctica (MUD), que agrupa a los partidos de oposición, exigió la libertad de López y otros 82 'presos políticos'.
La sentencia ha sido criticada por varios gobiernos y líderes internacionales, que cuestionan la independencia de la justicia venezolana y piden que se le garantice el debido proceso al político, preso en una cárcel militar en las afueras de Caracas.
