La comisión --aprobada el martes por mayoría-- tendría como fin revisar lo realizado, evaluar información de cualquier persona o entidades que se hayan visto afectadas la Comisión, presentar denuncias, revisar cómo se financió e incluso solicitar información personal de trabajadores de la comisión.
LEA: Alcalde de ciudad salvadoreña es detenido por corrupción
Desde que la CICIG cesó operaciones el pasado 3 de septiembre debido a que el presidente Jimmy Morales no renovó su mandato, activistas de derechos humanos y jueces alertaron y denunciaron su preocupación ante el riesgo de que se criminalizara la labor que hicieron llevando a juicio y condenando a cientos de personas por actos de corrupción.
Anularían avances hechos por la comisión de la OEA
La comisión del Congreso quedó conformada por los diputados afines al oficialismo Luis Pedro Álvarez, Luis Hernández Azmitia, Manuel Conde, Juan Ramón Lau y Aníbal Rojas. Su trabajo finalizaría el 10 de enero de 2020 y todos sus miembros fueron designados a través de una propuesta hecha por los diputados Felipe Alejos y Álvaro Arzú.Alejos fue investigado por corrupción por la CICIG al igual que el padre de Arzú.
La situación pasó desapercibida porque la atención se centraba en otras enmiendas a leyes que los congresistas pretendían hacer y fue introducida como una moción privilegiada, pues no se encontraba dentro de la agenda del día.
LEA ADEMÁS: Donald Trump dice alegrarse de juicio político, pero tuitea enojado
Los diputados lograron el apoyo de 82 de los 158 diputados del Congreso.
Por momentos los diputados que querían la aprobación aplaudían y llamaban a gritos a sus colegas para que votaran.
Poco menos de una cuarta parte de los diputados actuales del Congreso fueron investigados, procesados y llevados a los tribunales por actos de corrupción. Terminarán su gestión el 14 de enero próximo.
Mientras operó en Guatemala, la CICIG logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado y llevó a juicio y sentencia a 400 personas entre empresarios, funcionarios, jueces y particulares acusados de graves delitos o corrupción.
