Los Ángeles, California
El condado de Orange, uno de los más conservadores de California, se unió a la demanda del fiscal general de Estados Unidos contra las políticas que este estado lleva adelante para proteger indocumentados, una decisión que aplaudió el presidente Donald Trump.
El mandatario escribió el miércoles en Twitter que su 'gobierno se solidariza con los valientes ciudadanos del condado de Orange que defienden sus derechos contra las políticas santuario ilegales e inconstitucionales de California'.
'Las leyes santuario de California dejan que criminales peligrosos entren en las comunidades. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos por las leyes federal y fronteras seguras', indicó Trump, que llegó al poder con la promesa de deportar a millones de indocumentados y construir un muro en la frontera con México, que aún tramita en el Congreso.
California, el estado más rico y poblado del país y bastión de los demócratas, prohíbe por ley que las policías locales que cooperen con las autoridades federales en la captura de inmigrantes ilegales.
También que mantengan indocumentados detenidos hasta que puedan entregarlos en custodia de la policía migratoria ICE.
El condado de Orange es gobernado por una junta de cinco supervisores, todos republicanos.
El martes de noche votaron para unirse a una demanda del fiscal general Jeff Sessions contra California por las leyes que consideran obstruyen la aplicación de la ley federal al ofrecer a los inmigrantes indocumentados un santuario para eludir arrestos y deportaciones.
El condado aprobó además una resolución condenando la ley, que la supervisora Michelle Steel tachó de 'totalmente inconstitucional', lo que llevó al supervisor Shawn Nelson a proponer unirse a la demanda de Sessions, jefe del departamento de Justicia de Trump.
Ya el departamento del sheriff de Orange había desafiado la ley santuario, al publicar el lunes una lista de las personas detenidas, en la que aparece la fecha que serán puestos en libertad y se clasifican en 'Hispanos' y 'No hispanos'.
La sheriff Sandra Hutchens dijo que esta ley obstaculizaba la cooperación de su despacho con las autoridades federales.
'Ataques obsesivos'
Las acciones se producen poco después que la ciudad de Los Alamitos -que pertenece al condado de Orange- votara para ser 'exenta' de la ley santuario, lo que fue denunciado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Otras ciudades de esta región conservadora deberían seguir el mismo camino.
Varios ciudadanos hablaron en la reunión del condado, que es pública, en apoyo a la resolución. Algunos llevaban banderas estadounidenses y gritaban la consigna: '¡No, no, no estado santuario!'.
Otros catalogaron la demanda de Sessions, jefe del departamento de Justicia, de 'racista' y 'divisionista'.
El congresista republicano Dana Rohrabacher, que representa al condado de Orange, dijo que las políticas santuario de California 'no hacen más que atraer a millones de personas a venir a este país para consumir la riqueza necesaria para nuestra calidad de vida'.
Dijo que el 'flujo de ilegales' había 'reducido la calidad de la educación', así como de los servicios de salud y la vivienda, sosteniendo que millones de extranjeros indocumentados pretenden aprovecharse de los beneficios de vivir en Estados Unidos.
Pero el presidente del Senado estatal, Kevin de León, dijo que 'este obsesivo ataque a los inmigrantes es vergonzoso para el condado y sus residentes, y parece diseñado para buscar la aprobación de un presidente racista y sus compinches'.
Los indocumentados puede que tengan derecho a atención médica de emergencia, educación y ciertos programas de alimentación, pero no reciben asistencia o seguridad social, el servicio de salud subsidiado Medicare o Medicaid, acceso al programa Obamacare o al seguro de salud para niños, a pesar de que muchos pagan sus impuestos.
El vocero del departamento de Justicia, Devin O'Malley, aplaudió igualmente la decisión del condado, mientras que un portavoz del gobernador Jerry Brown evitó comentarla.
Varias ciudades de California, como San Francisco y Berkeley, se declararon santuarios. Los Ángeles y San Diego aplican las políticas de ciudad santuario, aunque no se proclamaron como tales.
El condado de Orange, uno de los más conservadores de California, se unió a la demanda del fiscal general de Estados Unidos contra las políticas que este estado lleva adelante para proteger indocumentados, una decisión que aplaudió el presidente Donald Trump.
El mandatario escribió el miércoles en Twitter que su 'gobierno se solidariza con los valientes ciudadanos del condado de Orange que defienden sus derechos contra las políticas santuario ilegales e inconstitucionales de California'.
'Las leyes santuario de California dejan que criminales peligrosos entren en las comunidades. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos por las leyes federal y fronteras seguras', indicó Trump, que llegó al poder con la promesa de deportar a millones de indocumentados y construir un muro en la frontera con México, que aún tramita en el Congreso.
California, el estado más rico y poblado del país y bastión de los demócratas, prohíbe por ley que las policías locales que cooperen con las autoridades federales en la captura de inmigrantes ilegales.
También que mantengan indocumentados detenidos hasta que puedan entregarlos en custodia de la policía migratoria ICE.
El condado de Orange es gobernado por una junta de cinco supervisores, todos republicanos.
El martes de noche votaron para unirse a una demanda del fiscal general Jeff Sessions contra California por las leyes que consideran obstruyen la aplicación de la ley federal al ofrecer a los inmigrantes indocumentados un santuario para eludir arrestos y deportaciones.
El condado aprobó además una resolución condenando la ley, que la supervisora Michelle Steel tachó de 'totalmente inconstitucional', lo que llevó al supervisor Shawn Nelson a proponer unirse a la demanda de Sessions, jefe del departamento de Justicia de Trump.
Ya el departamento del sheriff de Orange había desafiado la ley santuario, al publicar el lunes una lista de las personas detenidas, en la que aparece la fecha que serán puestos en libertad y se clasifican en 'Hispanos' y 'No hispanos'.
La sheriff Sandra Hutchens dijo que esta ley obstaculizaba la cooperación de su despacho con las autoridades federales.
'Ataques obsesivos'
Las acciones se producen poco después que la ciudad de Los Alamitos -que pertenece al condado de Orange- votara para ser 'exenta' de la ley santuario, lo que fue denunciado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Otras ciudades de esta región conservadora deberían seguir el mismo camino.
Varios ciudadanos hablaron en la reunión del condado, que es pública, en apoyo a la resolución. Algunos llevaban banderas estadounidenses y gritaban la consigna: '¡No, no, no estado santuario!'.
Otros catalogaron la demanda de Sessions, jefe del departamento de Justicia, de 'racista' y 'divisionista'.
El congresista republicano Dana Rohrabacher, que representa al condado de Orange, dijo que las políticas santuario de California 'no hacen más que atraer a millones de personas a venir a este país para consumir la riqueza necesaria para nuestra calidad de vida'.
Dijo que el 'flujo de ilegales' había 'reducido la calidad de la educación', así como de los servicios de salud y la vivienda, sosteniendo que millones de extranjeros indocumentados pretenden aprovecharse de los beneficios de vivir en Estados Unidos.
Pero el presidente del Senado estatal, Kevin de León, dijo que 'este obsesivo ataque a los inmigrantes es vergonzoso para el condado y sus residentes, y parece diseñado para buscar la aprobación de un presidente racista y sus compinches'.
Los indocumentados puede que tengan derecho a atención médica de emergencia, educación y ciertos programas de alimentación, pero no reciben asistencia o seguridad social, el servicio de salud subsidiado Medicare o Medicaid, acceso al programa Obamacare o al seguro de salud para niños, a pesar de que muchos pagan sus impuestos.
El vocero del departamento de Justicia, Devin O'Malley, aplaudió igualmente la decisión del condado, mientras que un portavoz del gobernador Jerry Brown evitó comentarla.
Varias ciudades de California, como San Francisco y Berkeley, se declararon santuarios. Los Ángeles y San Diego aplican las políticas de ciudad santuario, aunque no se proclamaron como tales.
