La Unión Americana de Libertades Civiles argumentó que el gobierno separaba a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidas infracciones de tránsito.
En julio, le pidió al juez que emitiera un fallo sobre si el gobierno tenía la justificación para separar a 911 niños en el primer año que transcurrió desde que el juez puso fin a la práctica generalizada en junio de 2018.
LEA: Salvar acuerdo nuclear con Irán es 'más importante que nunca': UE
El juez federal Dana Sabraw señaló que no se sentía cómodo cuestionando las decisiones del gobierno para separar a las familias por motivos de que los padres fueron considerados como no aptos o peligrosos, o por otras circunstancias como antecedentes criminales, enfermedades transmisibles o dudas sobre su paternidad. No encontró ninguna prueba de que el gobierno estuviera abusando de sus facultades.
'Es una invitación que es potencialmente masiva en cuanto a su alcance. Invade un área que está dentro de la competencia del poder ejecutivo para proteger la frontera del país, y va más allá de la certificación y medidas cautelares de este tribunal, que se enfocaron en la práctica del gobierno de separar familias en la frontera para reducir la inmigración y no reunificar a esas familias', escribió Sabraw en una decisión de 26 páginas.
Fue inusual que el juez de San Diego fallara a favor del gobierno. En junio de 2018 suspendió la práctica del gobierno de separar familias para frenar la inmigración ilegal y ordenó que las familias que habían sido separadas fueran reunidas rápidamente. La falta de sistemas de rastreo en ese momento hizo que la reunificación fuera una labor monumental.
