La muerte de una guatemalteca en un c entro de detención de Arizona donde han fallecido numerosos inmigrantes presos es otro ejemplo del mal trato que reciben los extranjeros sin permiso de residencia retenidos en instalaciones privadas, según activistas.
Raquel Calderón de Hidalgo, de 36 años, falleció en un hospital cerca del Centro de Detención de Eloy, una de las instalaciones que reciben más inmigrantes de todo el país y que actualmente aloja a 1,473 personas, casi al tope de su capacidad, que es de 1,500.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo el lunes que Calderón falleció el domingo tras sufrir una serie de convulsiones. Fue la tercera muerte que se registra en los centros de detención del servicio de inmigración desde el 1ro de octubre.
Quince inmigrantes han fallecido en el Centro de Detención de Eloy desde el 2004, según datos del servicio de inmigración, conocido por sus siglas en inglés, ICE. Este año el centro registró un severo brote de sarampión luego de que algunos empleados se negaron a ser vacunados.
'Es algo decepcionante, porque esta muerte, igual que las otras, pudo haber sido evitada. Pero lamentablemente esta administración y (los directores del penal) no deben rendir cuentas y así vemos que se pierde otra vida', expresó Carlos García, director ejecutivo de Puente Arizona, organización defensora de los derechos de los inmigrantes sin permiso de residencia.
El centro de detención, ubicado 96 kilómetros (60 millas) al sur de Phoenix, ha sido blanco frecuente de activistas como Puente, que organizó un concierto y una protesta frente a la instalación este año con la participación de los músicos John Legend y Juanes, quienes hablaron de los malos tratos que reciben los detenidos durante sus presentaciones.
La muerte de Calderón se produce en momentos en que el gobierno de Barack Obama observa de cerca el funcionamiento de las prisiones privadas y coincidiendo con una ola de migrantes centroamericanos y haitianos que amenaza con desbordar la capacidad del servicio de inmigración.
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El presidente electo no ha dicho qué planes tiene para los centros de detención de inmigrantes privados, pero se cree que apoya ese sector. Las acciones de la firma que administra el centro de Eloy, CoreCivic, subieron un 40% el día en que Trump fue elegido.
CoreCivic indicó que, si bien administra el centro de Eloy, la atención médica está a cargo del ICE.
La portavoz del ICE Yasmeen Pitts O'Keefe defendió el miércoles en un comunicado el desempeño de ese organismo, asegurando que a toda hora hay un médico de guardia.
'El ICE mantiene su compromiso de ofrecer un ambiente seguro y humano a todas las personas bajo custodia, incluido el acceso a los cuidados de la salud necesarios', manifestó. 'La muerte de una persona bajo la custodia de esta agencia es algo que el ICE se toma muy en serio'.
Activistas defensores de los inmigrantes sin permiso de residencia, no obstante, dicen que una coalición de organizaciones activistas concluyó este año que el ICE ofrece una atención médica inadecuada y a veces demora las llamadas de emergencia cuando un detenido se enferma.
El informe se enfocó en ocho muertes en las que la Oficina de Supervisión de Detenciones (Office of Detention Oversight) del ICE encontró que el incumplimiento de las normas contribuyó a las muertes.
Hizo hincapié en el caso de Pablo Garcida Conte, un mexicano de 54 años que falleció por un problema cardíaco en octubre del 2011 en un hospital de Tucson, Arizona, al que había sido llevado del Centro de Detención de Eloy.
La Oficina de Supervisión de Detenciones dijo que el personal médico se demoró demasiado en llamar al 911 (emergencia) después de que Garcida Conte comenzó a sentir dolores en el pecho y otros síntomas y que el personal no se manejó de una 'manera oportuna y eficiente', como es de rigor.
Activistas afirman además que el personal no buscó un intérprete para comunicarse con Garcida Conte, quien hablaba una lengua indígena y llevaba semanas quejándose de molestias.
'Esto ha sido identificado como un problema en tres muertes y, sin embargo, a fines del 2015 no había indicios de que se hubiera resuelto el tema', dijo el abogado de la Unión de Libertades Civiles Carl Takei, que colaboró en el informe.
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