El Departamento de Salud y Servicios Humanos autorizó el miércoles a los administradores de los albergues a financiar el transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores. Bajo los lineamientos actuales de esa agencia gubernamental, los patrocinadores pueden ser obligados a pagar por dicho transporte antes de que el gobierno libere a los menores, aun si los patrocinadores han sido aprobados por las autoridades.
Tales costos en ocasiones pueden superar los 1,000 dólares por niño.
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Un memorándum interno enviado el miércoles y obtenido por The Associated Press autoriza a los albergues a usar fondos públicos para pagar pasajes o tarifas de transporte “en caso de que el patrocinador no esté en condiciones de pagar tarifas de transporte aéreo y de que de lo contrario sea demorada la libertad del menor”. El departamento no respondió de inmediato a pedidos de comentario al respecto.
La agencia ha reducido drásticamente el uso de sus albergues debido a la pandemia del coronavirus. Casi todas las 7,100 camas para migrantes menores de edad que tiene el departamento ya están ocupadas. Entretanto, la Patrulla Fronteriza está deteniendo por día un promedio de más de 200 menores de edad que tratan de cruzar la frontera sin un adulto acompañante.
El Departamento reabrió un centro de emergencia en Carrizo Springs, Texas, que tiene capacidad para 700 adolescentes y pronto podría verse obligado a abrir otra instalación en Homestead, Florida.
Si bien tienen camas, aulas de clase y comedores, las instalaciones de emergencia cuestan unos 775 dólares por menor cada día y no están sujetas a los mismos estándares que los albergues regulares. Los albergues de emergencia fueron objeto de duras críticas por parte de demócratas durante la presidencia de Donald Trump y los reportes de que Carrizo Springs sería reabierto despertaron quejas de demócratas y de algunos republicanos que denunciaron que Trump fue acusado injustamente.
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Expertos en el tema de detención de migrantes menores de edad afirman que el Departamento de Salud debe reformular completamente su modo de funcionar y que la apertura de centros de emergencia no es una solución viable a largo plazo.
“Si bien reconocemos las gestiones del gobierno de Biden de procesar a niños no acompañados de manera responsable velando por la salud y la seguridad de los menores, es importante no repetir los errores del gobierno de Trump”, declaró en un comunicado Naureen Shah, abogada de Unión Americana de Libertades Civiles.
Uno de los obstáculos para dejar en libertad a los chicos ha sido la carga sobre los patrocinadores, al ser obligados a pagar por los pasajes aéreos.
“Hay albergues que le dicen a los familiares que no soltarán al menor a menos que la familia vaya a una agencia de viaje específica y compre los pasajes allí”, comentó la doctora Amy Cohen, directora ejecutiva del grupo activista Every Last One.
En un caso esta semana, sostuvo Cohen, el personal de un albergue le dijo a una mujer que tenía que traer un cheque certificado al aeropuerto para poder recoger a su hijo, que llevaba tres semanas en una instalación del departamento.
