LA PAZ, BOLIVIA.- En pleno pico de la crisis social y política que golpea a Bolivia, el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez y grupos movilizados afines al expresidente Evo Morales buscaban abrir negociaciones con el apoyo de la ONU, tras dos jornadas de protestas violentas.
El enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una “mesa de diálogo” a dirigentes y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, con apoyo de los obispos católicos, dijo el domingo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
La muerte de nueve cocaleros seguidores del expresidente Morales a manos de las fuerzas de seguridad ha puesto en entredicho el llamado a la paz de la presidenta interina Áñez, quien ha dicho que la pacificación del país y la convocatoria a nuevas elecciones en tres meses son su prioridad.
Tras las muertes, los cocaleros han dado un ultimátum a Áñez para que renuncie y repliegue a las fuerzas de seguridad que les impiden ingresar a la ciudad de Cochabamba en el centro del país. El viernes intentaron romper el cerco y se desencadenó la refriega en la jornada más violenta desde que iniciaron la protestas tras elecciones del 20 de octubre.
Las negociaciones son con grupos movilizados y con legisladores del MAS, dijo Justiniano. La bancada “masista” que controla casi dos tercios del voto legislativo se autoconvocó a una sesión el martes para exigir el repliegue de los militares, según Sergio Choque, presidente de los diputados.
En el bando gubernamental, hay el temor de que los “masistas” rechacen la renuncia de Morales a la presidencia del país, con lo cual el mandatario quedaría habilitado para regresar desde su exilio en México.
El enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una “mesa de diálogo” a dirigentes y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, con apoyo de los obispos católicos, dijo el domingo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
La muerte de nueve cocaleros seguidores del expresidente Morales a manos de las fuerzas de seguridad ha puesto en entredicho el llamado a la paz de la presidenta interina Áñez, quien ha dicho que la pacificación del país y la convocatoria a nuevas elecciones en tres meses son su prioridad.
Tras las muertes, los cocaleros han dado un ultimátum a Áñez para que renuncie y repliegue a las fuerzas de seguridad que les impiden ingresar a la ciudad de Cochabamba en el centro del país. El viernes intentaron romper el cerco y se desencadenó la refriega en la jornada más violenta desde que iniciaron la protestas tras elecciones del 20 de octubre.
Las negociaciones son con grupos movilizados y con legisladores del MAS, dijo Justiniano. La bancada “masista” que controla casi dos tercios del voto legislativo se autoconvocó a una sesión el martes para exigir el repliegue de los militares, según Sergio Choque, presidente de los diputados.
En el bando gubernamental, hay el temor de que los “masistas” rechacen la renuncia de Morales a la presidencia del país, con lo cual el mandatario quedaría habilitado para regresar desde su exilio en México.
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“Buscan entorpecer la gestión transitoria. Si no se avienen a un acuerdo, la presidenta Áñez podría convocar a elecciones por decreto”, dijo el diputado oficialista Gonzalo Barrientos. Las elecciones deben ser convocadas por ley, lo que hace imprescindible el apoyo del MAS. Pero los oficialistas dicen que hay jurisprudencia a su favor.
En un domingo más calmado, miles de fieles católicos se volcaron a las iglesias para orar por la paz.
Tras un velorio en medio de la carretera ocupada, los féretros de los caídos, fueron llevados a las comunidades de origen de las víctimas para su sepultura. Sacaba, la ciudad donde ocurrieron los hechos, todavía vivía el duelo.
Desde que estalló la crisis, al menos 23 personas han muerto y más de 700 fueron heridos, según el Defensor del Pueblo.
La crisis estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el pasado domingo, ahora son sus seguidores que están movilizados en las calles y han bloqueado carreteras en contra de Áñez y para pedir al regreso de Morales.
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Desde su exilio en México, Morales ha llamado a sus bases a movilizarse, lo que llevó al gobierno a plantear un reclamo al Ejecutivo mexicano.
Según Justiniano, las movilizaciones a favor de Morales son pagadas por operadores políticos del exmandatario. La policía dijo que decomisó “mochilas con dinero” a manifestantes. La diputada “masista”, Sonia Brito rechazó las acusaciones.
Las protestas obligaron a Morales a dimitir aduciendo golpe de Estado tras perder apoyo de la policía y de las fuerzas armadas después que una auditoria electoral de la OEA recomendara repetir los comicios tras comprobar irregularidades y falta de transparencia.
Los cortes de carretera están provocando escasez de combustibles y alimentos en las ciudades, principalmente a La Paz, donde se amontona la basura en las calles. Los mercados están desabastecidos mientras frutas y verduras se pudren en las regiones productoras, según diversos testimonios.
Más temprano, el ministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que 18 médicos de la brigada cubana no pudieron salir del Chapare que está bajo control de los cocaleros afines a Morales y no embarcaron con el contingente que partió el sábado a La Habana después que el gobierno interino de Áñez suspendiera el programa médico con Cuba.
“Estamos viendo el fin de un ciclo político que duro casi 14 años (gobierno de Morales) que está provocando incertidumbre y desorden y la transición podría prologarse hasta que emerja un nuevo proyecto político”, según el profesor de ciencias políticas en Bolivia, Marcelo Silva.
