Los imputados fueron encontrados culpables de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual y matrimonio forzado, como parte de una trama criminal que localmente fue conocida como “Viudas de Negro”.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a siete, pero exoneró a tres personas más.
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El Tribunal impuso 20 años de prisión a Esmeralda Arabel Acosta, 16 por el delito de trata de personas y cuatro por falsedad ideológica. Edwin Enrique Hernández Varela, María Cristina Flores Acosta, Edith Esmeralda Ramírez, Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, y Abilio Guerra, fueron condenados a tres años de prisión.
Los detalles de la sofisticada operación de los pandilleros llegaron a oídos de la justicia gracias a las declaraciones de una de las víctimas, quien logró escapar en 2017 y está bajo resguardo de la Fiscalía General.
Flores Acosta y Cáceres Benítez, identificados como los cabecillas de la estructura criminal, ya purgan condenas de hasta 30 años de prisión por el delito de trata de personas, como parte de otro proceso penal, pero relacionado con la misma estructura criminal.
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Entre los sentenciados se encuentra un abogado, Edwin Varela, quien dio asesoría sobre cómo cobrar los seguros de vida.
Según las investigaciones, Flores Acosta contrataba a mujeres para realizar trabajos domésticos, pero luego bajo amenaza de muerte las obligaba a casarse con hombres a los que engañaban haciéndoles creer que se estaban casando con una ciudadana de Estados Unidos, lo que les permitiría emigrar a aquel país de manera legal.
Los hombres eran timados para que contrataran un seguro de vida argumentando que era un requisito de las autoridades migratorias para comprobar un compromiso de vida entre los esposos y una garantía económica para la mujer. Días después de la boda, las mujeres eran obligadas a ir a una casa de la Mara Salvatrucha, donde ellas seguían siendo explotadas. Los esposos, por su parte, eran secuestrados y asesinados por separado.
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Los matrimonios de las 'Viudas de Negro' finalizaban al cabo de un mes o un poco después. A las mujeres se les informaba que sus maridos habían muerto y se les exigía reclamar el cuerpo en la morgue, encargarse de los trámites del sepulcro y pedir a la fiscalía que investigara el crimen. Concluido el papeleo legal, las mandaban a cobrar el seguro del que eran beneficiarias. En todos los casos, las mujeres eran acompañadas por miembros de las pandillas.
