En conferencia de prensa, Víctor Morales Mora confirmó su salida tras haber comparecido esta semana ante la Asamblea Legislativa, donde fue interrogado por los diputados sobre la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), que funcionó durante más de un año y medio pese a que no tenía sustento legal.
“El plenario de la Asamblea Legislativa conoce y discute una moción de censura en mi contra como ministro de gobierno, esencialmente por haber firmado el decreto ejecutivo... ya derogado, que creaba la unidad presidencial de análisis de datos”, dijo el político.
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El Ministerio Público realizó el viernes un allanamiento en la Casa Presidencial en busca de pruebas que sustenten la acusación penal contra el presidente Carlos Alvarado, Morales Mora y otros seis funcionarios que son investigados por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Morales Mora indicó que su función esencial como ministro de la Presidencia era la relación del Poder Ejecutivo con la Asamblea, la cual se verá afectada ante las investigaciones en curso.
“La Asamblea Legislativa aprobó e instaló una comisión investigadora de esos mismos hechos, a la que he sido convocado y a la que en su oportunidad brindaré la colaboración necesaria. Sin embargo, esa instancia de investigación también altera la comunicación que me corresponde dirigir con el Poder Ejecutivo”.
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Morales Mora agregó que volverá a su banca de diputado de la Asamblea Legislativa que había dejado vacante en agosto de 2019 cuando fue llamado por el presidente Alvarado para asumir como titular del Ministerio de la Presidencia.
La renuncia del principal aliado y mentor del presidente de Costa Rica se suma a las salidas la víspera del asesor legal de la presidencia Luis Salazar y del viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, quienes son investigados por la Fiscalía por su participación en la UPAD.
El martes también dimitió el viceministro de Hacienda, Juan Alfaro, quien aseguró que la UPAD utilizó su nombre sin su consentimiento para solicitar datos sensibles a la Superintendencia General de Entidades Financieras.
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