El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, departamento de San Miguel (122 kilómetros al este de la capital) ordenó la captura internacional de los exguerrilleros Fermán Fernández Arévalo, alias “Porfirio”; Santos Guevara Portillo, alias “Domínguez”, y Severiano Fuentes Fuentes, alias “Aparicio”, acusados de homicidio agravado de los asesores militares estadounidenses, David H. Pickett, Daniel F. Scott y Earnest G. Dawson.
El juzgado también ordenó el embargo de todos los bienes a nombre de los imputados.
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La orden internacional de captura se emitió luego que la Policía Nacional Civil no la hizo efectiva cuando el juzgado la envió el 2 de junio de 2017, señaló el comunicado.
Según una investigación de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, un helicóptero militar artillado de Estados Unidos fue derribado el 2 de enero de 1991 por disparos de artillería de una patrulla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el cantón San Francisco, en el departamento de San Miguel, cuando volaba a baja altura en dirección a una base en Soto Cano, Honduras.
El piloto Daniel F. Scott falleció y dos de sus compañeros resultaron heridos a consecuencia de la caída, agregó el informe. Una patrulla compuesta por siete combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones político-militares que integraban el FMLN, llegó al lugar y abrió fuego, hiriendo a los sobrevivientes.
La Comisión de la Verdad, afirma en su informe que “está suficientemente comprobado que Severiano Fuentes Fuentes, “Aparicio”, ordenó a Daniel Alvarado Guevara, “Macaco”, que diera muerte a los heridos y que este se negó a obedecerle. Cuando la patrulla se había alejado un centenar de metros, Fermán Fernández Arévalo “Porfirio”, por orden de Fuentes, regresó y dio muerte a los heridos”.
El juicio se reactivó luego que en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió la investigación de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Dicha resolución también abrió la posibilidad de que se iniciaran procesos penales en contra de los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto, y en contra de los miembros del FMLN.
El juzgado también ha pedido al ministerio de Relaciones Exteriores que lleve a cabo gestiones con la embajada estadounidense en El Salvador a fin de colaborar para dar con el paradero de los familiares de las víctimas y “salvaguardar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y ofendidos de este atentado”, y solicitarle al FBI que actualice la información relacionada con el caso.
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