Con pequeñas filas de electores, protegidos todos con tapabocas y formados de manera ordenada a las puertas de los centros de votación, arrancaron pasadas las 6 de la mañana los comicios legislativos en la capital.
Entre las personas que aguardaban en una fila de una escuela del norte de la capital estaba Exida Morales, una humilde vendedora callejera de 60 años, quien afirmó que decidió votar para tener “todo el derecho de hacer un reclamo” y “ver si la economía mejora porque las comidas están muy caras”.
Al ser preguntada sobre el boicot convocado por la oposición, Morales expresó que “tantas cosas han sucedido que ya uno no cree en uno ni en el otro”.
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Entre fuegos artificiales y el sonido incesante de una diana que salía de unas grandes cornetas instaladas en la parte trasera de un camión blanco, un puñado de seguidores del gobierno, algunos de ellos vestidos con camisetas y gorras rojas, se concentraron en una plaza del oeste de la capital para llamar a los electores a salir a votar. Eventos similares se repitieron en otros puntos de la ciudad.
Unas 30,000 mesas de votación repartidas por todo el país funcionarían durante doce horas. Los primeros escrutinios se esperaban para el final de la jornada.
Tras sufragar en un centro del oeste de la ciudad, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo a la prensa que “prácticamente todos los centros de votación están aperturados y listos” y que de acuerdo a reportes de las fuerzas de seguridad, el proceso se estaba desarrollando con “absoluta normalidad”.
Con la victoria de los candidatos oficialistas, Maduro se asegura el control de todos los poderes públicos. Al perder el Congreso, la oposición quedará sin ningún piso institucional y muy limitada para ejercer alguna presión contra el gobierno, lo que según algunos analistas acelerará el final de los últimos vestigios de la democracia venezolana.
Una coalición opositora logró una contundente mayoría en los comicios de 2015 y arrebató al oficialismo el control de la Asamblea Nacional, que habían manejado por dieciséis años. Durante los cinco años de ejercicio parlamentario, la oposición debió lidiar con el cerco jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, que anuló todas las leyes y decisiones del Congreso.
La recuperación del Legislativo por parte del oficialismo tendrá un sabor amargo para el mandatario izquierdista, puesto que se dará en medio del rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de los países de la región, que han cuestionado los comicios asegurando que no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente y democrático.
La postura crítica de la comunidad internacional hace prever que no habrá cambios en las presiones y sanciones hacia el gobierno de Maduro, quien deberá seguir sorteando la compleja crisis sólo con el apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, que en los últimos años se han convertido en sus incondicionales aliados.
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“Allá los golpistas, los que piden intervención militar. Nosotros decimos: ‘votos sí, guerra no, balas no’”, dijo Maduro la noche del sábado, en una transmisión de la televisora estatal, al desestimar las críticas internas y externas contra elección.
“Diga lo que diga Donald Trump o Iván Duque, el pueblo de Venezuela va a elegir su Asamblea Nacional y el 5 de enero nace un Poder Legislativo nuevo”, afirmó el mandatario tras llamar a los venezolanos al participar en la votación, en la que se elegirán 277 diputados entre unos 14.000 candidatos.
Por su parte, el líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, llamó el sábado a los venezolanos a quedarse en sus casas y no salir a votar para rechazar el “fraude”.
Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, dijo en conferencia de prensa que estos comicios serán una “elección interna” del oficialista Partido Socialista Unidos de Venezuela “para dirimir conflictos a lo interno del régimen”.
En respuesta a las elecciones legislativas, la oposición convocó a una “consulta popular” entre el 7 y 12 de diciembre que se realizará por la aplicación Voatz, un portal de internet, el sistema de mensajería Telegram, y de manera presencial al final del proceso.
En el referendo, promovido por organizaciones civiles y que no tendrá auditoría ni observación independiente, se preguntará a los venezolanos si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro, sobre el rechazo de los comicios legislativos, y si ordenan ejercer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria.
El boicot impulsado por Guaidó no fue acatado por un grupo de organizaciones opositoras minoritarias que mantiene diálogos con el oficialismo, ni tampoco por congresistas y políticos disidentes a quienes el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos Primero Justicia, Acción Democráticas y Voluntad Popular, tres de los grandes partidos opositores.
