Con órdenes de un Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, la Fiscalía General incautó las ocho propiedades y se congelaron cuentas bancarias que estaban a nombre del militar.
La Fiscalía informó que las investigaciones establecen que Munguía Payés, obtuvo los bienes producto de actividades ilícitas y de manera injustificada cuando ejerció los dos cargos durante los gobiernos de los expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMN).
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Las propiedades inmovilizadas pasan a ser administradas por el Consejo de Administración de Bienes mientras la Fiscalía inicia el proceso para ser transferirlos al Estado.
El general Munguía Payés enfrenta dos procesos penales en libertad por su participación en la tregua con las pandillas y una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con el Ministerio de Defensa.
En julio, un juzgado ordenó arresto domiciliar para Munguía Payés mientras es procesado por su participación en la tregua entre las pandillas con las que el gobierno del expresidente Funes buscó disminuir el índice de homicidios en el país.
Funes, que también está siendo procesado en este caso, se encuentra en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.
La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo, y que por lo contrario lo avaló.
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El militar también está siendo procesado junto a exministro de Defensa el general José Atilio Benítez, junto a un coronel y Gustavo López Davidson, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y varios civiles, por una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con las fuerza armada.
Según las investigaciones del Ministerio Público los acusados habrían participado en una presunta estafa con armas que se da a partir de una negociación en 2012 cuando el Ministerio de Defensa efectuó una permuta a la que invitó a varias empresas.
La permuta es el acuerdo mediante el cual la fuerza armada puede canjear parte de su arsenal obsoleto o en desuso por algún tipo de armamento o equipo militar especifico.
La Fiscalía dijo que el contrato establecía que el Ministerio de Defensa entregaría 4,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,7 millones de cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado, todo con un valor de dos millones de dólares. A cambio la empresa Centrum de López Davidson daría al Ministerio de Defensa dos obuses M-71 nuevos calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro y otros equipos militares.
La Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado dos obuses que estaban en mal estado operacional y faltaron accesorios.
