MADRID, ESPAÑA.- España enviará funcionarios a Bolivia para aclarar qué sucedió el viernes en la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, cuyas autoridades denunciaron que encapuchados españoles intentaron entrar 'clandestinamente' en la sede diplomática, donde están refugiados miembros del gobierno del expresidente Evo Morales.
El incidente, confuso hasta el momento, podría agravar las tensas relaciones entre México y Bolivia y salpicar también a España. El gobierno boliviano ya ha denunciado un 'atropello a su soberanía'.
Según la ministra boliviana de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, personas 'identificadas como funcionarios de la embajada de España en Bolivia, acompañados por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz'.
Longaric precisó que 'el ingreso de vehículos (diplomáticos españoles) fue frenado' y aseguró que la presencia de encapuchados u hombres armados es una 'amenaza' para la sede diplomática mexicana, 'contraviene las prácticas diplomáticas y vulnera el principio de inviolabilidad'.
El gobierno español explicó que el incidente se produjo cuando la encargada de Negocios en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul, Alvaro Fernández, visitaron la sede diplomática mexicana el viernes.
'El ministerio de Asuntos Exteriores ha acordado abrir una investigación en relación a los hechos acaecidos durante la visita', dijo el gobierno en un comunicado el sábado.
'Vamos a enviar funcionarios desde el ministerio en Madrid para la investigación', agregó un portavoz del ministerio a la AFP.
En la legación mexicana se asilan exfuncionarios del gobierno de Morales, quien dimitió el 10 de noviembre tras violentas protestas opositoras que denunciaron un fraude en los resultados de las elecciones generales de octubre, que proclamaron a Morales ganador para un cuarto gobierno de cinco años.
Entre los asilados figuran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca, sobre quienes pesan órdenes de captura.
A los allegados de Morales se les acusa de 'sedición y terrorismo' y de haber fomentado la violencia social que concluyó con 36 muertos, según balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez no les ha concedido salvoconductos y México se niega a entregarlos.
El Ministerio Público boliviano también tiene una causa abierta contra el propio Morales, quien se refugió en México tras dimitir y está asilado en Argentina desde el 12 de diciembre.
En un comunicado, la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores, dio una versión diferente del incidente en su sede diplomática, ocurrido tras 'la visita de cortesía' de los diplomáticos españoles a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado.
Tras la reunión 'los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización', por fuerzas de seguridad bolivianas, y 'no se les permitía pasar'.
La secretaría explica que la Cancillería boliviana dijo que los diplomáticos tendrían que salir a pie hasta sus vehículos y como se negaron, un automóvil del gobierno boliviano llegó a buscarlos una hora después.
La presencia permanente de uniformados en los alrededores de la embajada mexicana motivó en estos días la protesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que denunció 'hostigamiento y amedrentamiento'.
México expresó en varias ocasiones su temor de que el gobierno boliviano ingrese por la fuerza para detener a los antiguos funcionarios de Morales.
La prensa española publicó el sábado, citando fuentes diplomáticas, que los encapuchados a los que la ministra boliviana se refiere eran agentes del grupo especial de la policía, conocidos como los GEO, que escoltaban a los diplomáticos.
'Estos atropellos afectan profundamente la dignidad y soberanía del Estado boliviano, la seguridad nacional y ponen en riesgo la integridad física de los huéspedes temporales, del propio personal mexicano y de los vecinos de la zona', insistió la canciller boliviana.
Longaric no descartó que hubiera un plan para que los refugiados en la embajada mexicana se fugaran. 'Estamos en un proceso de análisis' de lo sucedido, dijo.
El incidente, confuso hasta el momento, podría agravar las tensas relaciones entre México y Bolivia y salpicar también a España. El gobierno boliviano ya ha denunciado un 'atropello a su soberanía'.
Según la ministra boliviana de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, personas 'identificadas como funcionarios de la embajada de España en Bolivia, acompañados por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz'.
Longaric precisó que 'el ingreso de vehículos (diplomáticos españoles) fue frenado' y aseguró que la presencia de encapuchados u hombres armados es una 'amenaza' para la sede diplomática mexicana, 'contraviene las prácticas diplomáticas y vulnera el principio de inviolabilidad'.
El gobierno español explicó que el incidente se produjo cuando la encargada de Negocios en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul, Alvaro Fernández, visitaron la sede diplomática mexicana el viernes.
'El ministerio de Asuntos Exteriores ha acordado abrir una investigación en relación a los hechos acaecidos durante la visita', dijo el gobierno en un comunicado el sábado.
'Vamos a enviar funcionarios desde el ministerio en Madrid para la investigación', agregó un portavoz del ministerio a la AFP.
En la legación mexicana se asilan exfuncionarios del gobierno de Morales, quien dimitió el 10 de noviembre tras violentas protestas opositoras que denunciaron un fraude en los resultados de las elecciones generales de octubre, que proclamaron a Morales ganador para un cuarto gobierno de cinco años.
Entre los asilados figuran los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca, sobre quienes pesan órdenes de captura.
- Hostigamiento -
A los allegados de Morales se les acusa de 'sedición y terrorismo' y de haber fomentado la violencia social que concluyó con 36 muertos, según balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez no les ha concedido salvoconductos y México se niega a entregarlos.
El Ministerio Público boliviano también tiene una causa abierta contra el propio Morales, quien se refugió en México tras dimitir y está asilado en Argentina desde el 12 de diciembre.
En un comunicado, la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores, dio una versión diferente del incidente en su sede diplomática, ocurrido tras 'la visita de cortesía' de los diplomáticos españoles a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado.
Tras la reunión 'los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización', por fuerzas de seguridad bolivianas, y 'no se les permitía pasar'.
La secretaría explica que la Cancillería boliviana dijo que los diplomáticos tendrían que salir a pie hasta sus vehículos y como se negaron, un automóvil del gobierno boliviano llegó a buscarlos una hora después.
La presencia permanente de uniformados en los alrededores de la embajada mexicana motivó en estos días la protesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que denunció 'hostigamiento y amedrentamiento'.
México expresó en varias ocasiones su temor de que el gobierno boliviano ingrese por la fuerza para detener a los antiguos funcionarios de Morales.
La prensa española publicó el sábado, citando fuentes diplomáticas, que los encapuchados a los que la ministra boliviana se refiere eran agentes del grupo especial de la policía, conocidos como los GEO, que escoltaban a los diplomáticos.
'Estos atropellos afectan profundamente la dignidad y soberanía del Estado boliviano, la seguridad nacional y ponen en riesgo la integridad física de los huéspedes temporales, del propio personal mexicano y de los vecinos de la zona', insistió la canciller boliviana.
Longaric no descartó que hubiera un plan para que los refugiados en la embajada mexicana se fugaran. 'Estamos en un proceso de análisis' de lo sucedido, dijo.
