WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El gobierno sólo ha hecho mejoras graduales en sus esfuerzos para atender a miles de niños migrantes detenidos cuando entraban a
Estados Unidos sin sus padres, lo cual ha perpetuado un problema que la administración del presidente
Donald Trump ha agravado con su política migratoria de “tolerancia cero”, se indica en un informe bipartidista del Senado divulgado el miércoles.
Ninguna agencia federal asume la responsabilidad de asegurarse de que no se maltrate ni se utilice a los menores para tráfico humano una vez que el gobierno los coloca con patrocinadores, que muchas veces no son sus padres ni parientes cercanos, se afirma en el estudio de 52 páginas. Los jueces de inmigración han ordenado la deportación de un creciente número de estos niños, en parte porque el gobierno hace poco para asegurarse de que acudan a la corte, y los funcionarios no ofrecen suficientes servicios de salud mental para algunos de ellos, indica.
“Persisten grandes deficiencias que dejan a los niños bajo un riesgo significativo de tráfico y maltrato, y socavan nuestro sistema inmigratorio”, se afirma en el informe de la subcomisión de investigación de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. El reciente intento de coordinación entre los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Seguridad Nacional “hace poco para ofrecer esperanza de que las agencias federales estén tratando de mejorar” la seguridad de los niños, agrega, y calificó la situación de “insostenible”.
Esas dos dependencias y el Departamento de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que el reporte “deja pasar la oportunidad de abordar décadas de inacción legislativa” que ha impulsado la llegada de menores sin compañía de un adulto. Criticaron el reporte por indicar “erróneamente” que Trump había empeorado el problema y acusaron a los legisladores de ignorar problemas como inmigrantes que se unen a pandillas y el contrabando de organizaciones criminales.
“No podremos arreglar esos añejos problemas” a menos que el Congreso los aborde, aseveraron.
El informe se publicó cuando la atención se ha centrado en otro grupo de niños migrantes: los más de 2,000 que fueron separados de sus padres como parte de la política de Trump de procesar judicialmente a los inmigrantes que entran al país sin autorización.
Aunque la mayoría de los niños han sido reunidos con sus padres o tutores, los costos “han estirado los ya limitados recursos” del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), indica el reporte. Los autores escribieron que cuando le pidieron a la dependencia que proporcionara detalles de sus actividades para revisar la situación de los niños colocados con tutores, el “HHS le dijo a la subcomisión que puede trabajar para reunificar familias o para actualizar información, pero no ambos”.
Más de 200.000 niños sin compañía de un adulto han entrado a Estados Unidos sin autorización en los últimos seis años, y la mayoría de los problemas comenzaron durante el gobierno del expresidente Barack Obama, dice el informe.
“Es un problema increíblemente difícil y no es partidista”, dijo el senador republicano Rob Portman, presidente de la subcomisión.
El principal demócrata del panel, el senador Tom Carper, tomó un tono más partidista y dijo: “Este gobierno continúa haciendo que una realidad ya de por sí desafiante para los niños migrantes sea incluso más difícil y peligrosa”.
Cuando se detiene a niños solos, el Departamento de Seguridad Nacional debe transferirlos rápidamente al HHS, que intenta regresarlos con padres, parientes u otros, hasta que tengan su audiencia, una espera que suele ser de 480 días. De no encontrarse un patrocinador, los niños quedan bajo custodia en instalaciones que suelen ser operadas por contratistas del gobierno.
En cuanto están con patrocinadores, el HHS tiene problemas para darles seguimiento. En cifras oficiales difundidas en abril, cuando las autoridades trataron de localizar a 7.635 niños que fueron colocados con patrocinadores, se desconocía el paradero de uno de cada cinco. Otros 28 habían escapado.
Desde 2015, el HHS ha estado revisando a los niños 30 días después de ser entregados a patrocinadores. El reporte calificó esto como un “pequeño paso en la dirección correcta”, pero añadió que “es preocupante que el HHS aparentemente no tome medidas para atender las situaciones alarmantes que descubre cuando hace esas llamadas”.
El informe también señala que en uno de cada siete casos no se pudo contactar a los patrocinadores, lo que debería ser una “señal de alerta significativa”.
Además, indica que generalmente el HHS no les notifica a las autoridades estatales ni locales cuando coloca a niños con patrocinadores en sus comunidades, y permite que algunos no reciban ayuda en cuanto a acudir a la escuela. Cuando por ley, el HHS entrega a los niños al DHS al cumplir 18 años a menudo no proporciona las recomendaciones requeridas para que reciban un cuidado adecuado.
El HHS ha dejado de proporcionar servicios legales para los niños que acaban de ser colocados con patrocinadores porque cree que su autoridad para hacerlo “es incierta”. Y ninguna agencia se asegura de que los niños se presenten a sus audiencias en los tribunales de inmigración, mientras que muchos patrocinadores no cumplen con sus acuerdos para llevarlos a éstas, indica el informe.
La falta de asesoría legal para los niños y la escasez de jueces han contribuido a un retraso de casos totales de inmigración que ha aumentado a 734.000, incluidos 80.000 de estos niños, se lee en el informe. De 9.600 casos de menores que fueron completados en el primer semestre del año, los jueces ordenaron que 53% fueran deportados sin que los niños se presentaran, un aumento en comparación con el 41% registrado en 2016.
La subcomisión de investigaciones, que sostendrá una audiencia sobre el tema el jueves, ha estudiado el problema desde 2015, cuando se enteró que ocho niños habían sido colocados con miembros de una red de tráfico humano.
El panel se quejó de que, a pesar de años de presión, no fue sino hasta el mes pasado en que el DHS y el HHS emitieron un acuerdo en el que delinearon sus responsabilidades. Ese pacto “sólo refleja un añejo protocolo, no mejoras”, señala el informe.
Ninguna agencia federal asume la responsabilidad de asegurarse de que no se maltrate ni se utilice a los menores para tráfico humano una vez que el gobierno los coloca con patrocinadores, que muchas veces no son sus padres ni parientes cercanos, se afirma en el estudio de 52 páginas. Los jueces de inmigración han ordenado la deportación de un creciente número de estos niños, en parte porque el gobierno hace poco para asegurarse de que acudan a la corte, y los funcionarios no ofrecen suficientes servicios de salud mental para algunos de ellos, indica.
“Persisten grandes deficiencias que dejan a los niños bajo un riesgo significativo de tráfico y maltrato, y socavan nuestro sistema inmigratorio”, se afirma en el informe de la subcomisión de investigación de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. El reciente intento de coordinación entre los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Seguridad Nacional “hace poco para ofrecer esperanza de que las agencias federales estén tratando de mejorar” la seguridad de los niños, agrega, y calificó la situación de “insostenible”.
Esas dos dependencias y el Departamento de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que el reporte “deja pasar la oportunidad de abordar décadas de inacción legislativa” que ha impulsado la llegada de menores sin compañía de un adulto. Criticaron el reporte por indicar “erróneamente” que Trump había empeorado el problema y acusaron a los legisladores de ignorar problemas como inmigrantes que se unen a pandillas y el contrabando de organizaciones criminales.
“No podremos arreglar esos añejos problemas” a menos que el Congreso los aborde, aseveraron.
El informe se publicó cuando la atención se ha centrado en otro grupo de niños migrantes: los más de 2,000 que fueron separados de sus padres como parte de la política de Trump de procesar judicialmente a los inmigrantes que entran al país sin autorización.
Aunque la mayoría de los niños han sido reunidos con sus padres o tutores, los costos “han estirado los ya limitados recursos” del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), indica el reporte. Los autores escribieron que cuando le pidieron a la dependencia que proporcionara detalles de sus actividades para revisar la situación de los niños colocados con tutores, el “HHS le dijo a la subcomisión que puede trabajar para reunificar familias o para actualizar información, pero no ambos”.
Más de 200.000 niños sin compañía de un adulto han entrado a Estados Unidos sin autorización en los últimos seis años, y la mayoría de los problemas comenzaron durante el gobierno del expresidente Barack Obama, dice el informe.
“Es un problema increíblemente difícil y no es partidista”, dijo el senador republicano Rob Portman, presidente de la subcomisión.
El principal demócrata del panel, el senador Tom Carper, tomó un tono más partidista y dijo: “Este gobierno continúa haciendo que una realidad ya de por sí desafiante para los niños migrantes sea incluso más difícil y peligrosa”.
Cuando se detiene a niños solos, el Departamento de Seguridad Nacional debe transferirlos rápidamente al HHS, que intenta regresarlos con padres, parientes u otros, hasta que tengan su audiencia, una espera que suele ser de 480 días. De no encontrarse un patrocinador, los niños quedan bajo custodia en instalaciones que suelen ser operadas por contratistas del gobierno.
En cuanto están con patrocinadores, el HHS tiene problemas para darles seguimiento. En cifras oficiales difundidas en abril, cuando las autoridades trataron de localizar a 7.635 niños que fueron colocados con patrocinadores, se desconocía el paradero de uno de cada cinco. Otros 28 habían escapado.
Desde 2015, el HHS ha estado revisando a los niños 30 días después de ser entregados a patrocinadores. El reporte calificó esto como un “pequeño paso en la dirección correcta”, pero añadió que “es preocupante que el HHS aparentemente no tome medidas para atender las situaciones alarmantes que descubre cuando hace esas llamadas”.
El informe también señala que en uno de cada siete casos no se pudo contactar a los patrocinadores, lo que debería ser una “señal de alerta significativa”.
Además, indica que generalmente el HHS no les notifica a las autoridades estatales ni locales cuando coloca a niños con patrocinadores en sus comunidades, y permite que algunos no reciban ayuda en cuanto a acudir a la escuela. Cuando por ley, el HHS entrega a los niños al DHS al cumplir 18 años a menudo no proporciona las recomendaciones requeridas para que reciban un cuidado adecuado.
El HHS ha dejado de proporcionar servicios legales para los niños que acaban de ser colocados con patrocinadores porque cree que su autoridad para hacerlo “es incierta”. Y ninguna agencia se asegura de que los niños se presenten a sus audiencias en los tribunales de inmigración, mientras que muchos patrocinadores no cumplen con sus acuerdos para llevarlos a éstas, indica el informe.
La falta de asesoría legal para los niños y la escasez de jueces han contribuido a un retraso de casos totales de inmigración que ha aumentado a 734.000, incluidos 80.000 de estos niños, se lee en el informe. De 9.600 casos de menores que fueron completados en el primer semestre del año, los jueces ordenaron que 53% fueran deportados sin que los niños se presentaran, un aumento en comparación con el 41% registrado en 2016.
La subcomisión de investigaciones, que sostendrá una audiencia sobre el tema el jueves, ha estudiado el problema desde 2015, cuando se enteró que ocho niños habían sido colocados con miembros de una red de tráfico humano.
El panel se quejó de que, a pesar de años de presión, no fue sino hasta el mes pasado en que el DHS y el HHS emitieron un acuerdo en el que delinearon sus responsabilidades. Ese pacto “sólo refleja un añejo protocolo, no mejoras”, señala el informe.
