A la sede del Legislativo, ubicada en el vecino puerto de Valparaíso, llegaron los manifestantes que fueron violentamente dispersados con gases lacrimógenos.
Los congresistas y el personal administrativo fueron evacuados mientras grupos de encapuchados levantaban barricadas y lanzaban piedras contra la policía antimotines.
La víspera el Congreso aprobó un proyecto de ley que rebaja las tarifas eléctricas enviado por el presidente Sebastián Piñera, quien firmó el viernes una nueva iniciativa para mejorar levemente las pensiones de los más pobres. Pero estas medidas no han logrado frenar las protestas.
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A medida que avanzaba la tarde millares de chilenos se movilizaban a las plazas de sus ciudades para volver a expresar sus demandas de mejores salarios, jubilaciones y educación expresadas por una masa sin voceros ni organización aparente.
La analista Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, dijo a The Associated Press que la magnitud de las manifestaciones es inédita, nunca vista durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) ni desde el restablecimiento de la democracia.
A su vez, el paro de camioneros y de medio centenar de recorridos del transporte público complicaba la situación de la periferia sur de Santiago, que perdió la línea del subterráneo por los saqueos e incendios de sus estaciones.
Los camiones circulaban lentamente por el tramo de la ruta que une el país de norte a sur y que pasa por un costado de la capital, a los que se sumaron automovilistas y motociclistas que ondeaban banderas chilenas y letreros que decían “No+TAG”, un peaje que se paga en autopistas y carreteras construidas por privados.
En las autopistas de la capital chilena, los automovilistas pagan en promedio entre 35 y 130 dólares mensuales, dependiendo del uso. Los camiones pagan valores muy superiores por sus largos trayectos. El ministro de Transporte, Rafael Moreno, indicó que los peajes no subirán este año.
El subterráneo movía a 2,4 millones de personas a diario en sus seis líneas. El viernes sólo funcionaba el 39% de sus estaciones. Las autoridades estiman que volverá a estar totalmente operativo en casi un año.
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En la ciudad unos 4,000 autobuses reforzaron el transporte después del estallido social que siguió a las protestas de los estudiantes por un alza en las tarifas del metro y que derivaron en violentos saqueos e incendios de supermercados, farmacias, grandes tiendas y pequeños comercios, seguidos de multitudinarias manifestaciones en todo el país, que tiene a 12 de sus 16 regiones en estado de emergencia y con toque de queda.
La agenda social anunciada a mitad de semana por Piñera incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos -que en Chile son de los más altos en la región-, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que reciben hasta 14,000 dólares mensuales.
El viernes el mandatario firmó un proyecto que dispone un alza de 30 dólares a las pensiones de los más desposeídos que promedian los 150 dólares y que favorecerá a unas 600.000 personas. Los adultos mayores en Chile superan los dos millones de los 18 millones de habitantes.
La mayoría de los chilenos gana de 400,000 a 500,000 pesos (entre 562 y 762 dólares), que no cubren las necesidades básicas.
Lagos dijo a AP que “esta crisis se soluciona con política, no con una lista de supermercado de políticas sociales”.
Añadió que “los fondos no están, por eso no se puede hacer sino que política, aquí tiene que haber un liderazgo que entregue una agenda distinta, con caras distintas, que sean creíbles... y que sean capaces de interpretar y conducir a la población”.
Muchas de las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas y aumentan las denuncias de abusos por parte de la policía.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció la víspera que enviará a Chile una comisión para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos después que Piñera la invitó a visitar el país.
En tanto, Amnistía Internacional anunció el viernes el envío de un equipo para documentar “las graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esa organización.
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