Zoraida Avalos indicó en un comunicado que las indagaciones también incluyen al ex primer ministro Antero Flores-Aráoz y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La investigación también determinará si cometieron lesiones graves, leves y desaparición forzada de personas.
Flores-Aráoz carga con un pasado polémico. En 2009 cuando era ministro de Defensa renunció tras la muerte de 34 personas durante una de las mayores protestas de indígenas amazónicos. En el choque entre policías y nativos fallecieron 24 policías y 10 indígenas.
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Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, murieron por impactos de arma de fuego mientras protestaban el sábado contra el gobierno de Merino, a quienes millones de peruanos lo consideraban ilegítimo y le exigían que deje el poder.
Pintado recibió 10 perdigones de plomo en el cráneo, rostro, cuello, brazo y tórax, mientras que Sotelo cuatro disparos en el tórax, de acuerdo con las actas de la fiscalía.
“Puedo asegurarles que estas muertes no quedarán impunes”, dijo Ávalos en una comunicación publicada en la página oficial de Facebook de la Fiscalía.
La víspera varias organizaciones de derechos humanos también denunciaron ante la fiscalía como autores mediatos de asesinato agravado a Merino, a Flores-Aráoz, a Rodríguez y a varios jefes policiales.
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Los defensores de derechos humanos reportaron además el empleo de gas lacrimógeno cerca de iglesias y hospitales. “Estamos documentando casos de brutalidad policial en el centro de Lima”, escribió en Twitter el sábado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todo indica que la represión contra manifestantes pacíficos se está intensificando”.
El domingo miles de manifestantes colocaron flores y velas con los nombres de las víctimas frente al Parlamento, donde los legisladores no lograron elegir a uno de sus 130 miembros como nuevo presidente del país y tampoco a la mesa directiva del Congreso, que dirige el Parlamento.
La crisis política empezó el lunes 9 de noviembre cuando el Congreso acusó y destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por cargos de corrupción sin pruebas concluyentes.
Merino lo reemplazó, pero su gobierno fue impopular desde el primer momento y causó protestas multitudinarias reprimidas con brutalidad por la policía, en las que ocurrieron las dos muertes. Luego de que 13 ministros abandonaran el gabinete y los militares le retiraran su apoyo, Merino renunció la madrugada del domingo.
En tanto Vizcarra, un político popular porque inició una cruzada anticorrupción en 2018, reapareció en escena reclamando que el Tribunal Constitucional definiera si su destitución era legítima.
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Merino calificó de “ladrón” a Vizcarra, quien el domingo le devolvió el improperio y lo llamó “dictadorzuelo”. Vizcarra tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras un fiscal lo investiga por supuestamente recibir más de 630.000 dólares por otorgar dos obras de construcción hace seis años, cuando era gobernador de una pequeña provincia del sur de Perú.
Vizcarra fue destituido por una cláusula de la constitución del siglo XIX que, según los expertos, puede usarse al antojo de quien la invoque. Aunque en su origen aludía a trastornos mentales de los dignatarios, ahora muchos interpretan que puede aplicarse a casos de corrupción.
La fuerte inestabilidad ha golpeado a un país muy afectado por la pandemia del nuevo coronavirus y los analistas políticos afirman que la crisis constitucional ha puesto en peligro la democracia del país.
Hasta el lunes en el país se han reportado 937.011 casos del nuevo coronavirus y 35.231 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó 112 heridos en las manifestaciones del sábado y organizaciones que defienden a periodistas sumaron más de tres decenas de agresiones a reporteros, incluidos heridos con perdigones lanzados por la policía.
El grueso de los jóvenes que protestaron durante la semana eran veinteañeros, como los fallecidos. Había entre ellos estudiantes y obreros, pero también se observaron a amas de casas y jubilados.
“Creo que esta es la crisis democrática y de derechos humanos más grave que hemos visto desde Fujimori”, señaló el analista Alonso Gurmendi refiriéndose al turbulento gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
