Buenos Aires, Argentina- La Fiscalía que investiga la muerte del fiscal federal argentino Alberto Nisman, en enero de 2015, ratificó que “fue asesinado” por su trabajo en la investigación del peor atentado perpetrado en Argentina, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y su encubrimiento por parte del Ejecutivo, según un informe que difundió este viernes.
A pocos días de cumplirse diez años, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, presentó un informe en el que ratifica que Nisman “fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA (Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA) y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”.
Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, de un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio capitalino de Puerto Madero, horas antes de que debía presentarse en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque terrorista contra la AMIA.
El ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires fue perpetrado en 1994 y dejó un saldo de 85 muertos y al menos 300 heridos.
Según la acusación de Nisman, Cristina Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.
Taiano, quien asumió la investigación en 2016, detalló en el informe de 52 páginas que desde el inicio, “la investigación (sobre la muerte de Nisman) estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso por parte de diferentes actores”.
El fiscal recordó que el 7 de noviembre de 2017 presentó un dictamen en el que se determinó que “Nisman había sido asesinado” y que hubo “intención de simular un suicidio”.
La Justicia confirmó en 2018 los procesamientos de quien supuestamente proveyó el arma, Diego Ángel Lagomarsino, por el delito de homicidio en carácter de partícipe necesario; a los custodios que debían cuidar a Nisman ese fin de semana: Rubén Fabián Benítez, Luis Ismael Miño y Armando Niz -por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público- y Néstor Oscar Durán -por incumplimiento de los deberes de funcionario público-.
Taiano explicó en el informe que “determinada la forma en la cual Nisman había sido asesinado, la actividad de la fiscalía se enfocó en identificar tanto a las personas que lo ejecutaron como a quienes lo ordenaron”.
A “raíz de las irregularidades detectadas” en su accionar cuando intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero donde fue hallado Nisman, se imputó al entonces secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; al prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina, Luis Alberto Heiler.
También, al jefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo, y el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Darío Ruiz.
A la fecha, la Fiscalía informó que se encuentra en curso la producción de medidas para determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron y el pedido de desclasificación de documentación de inteligencia sobre la muerte de Nisman.
