MILÁN, ITALIA.- La jefa del nuevo gobierno de extrema derecha italiano, Giorgia Meloni, desveló el lunes por la noche las grandes líneas de su proyecto de presupuestos para 2023, centrado en gran parte a la crisis energética que sacude Europa.
El proyecto aprobado por el consejo de ministros prevé destinar más de 21,000 millones de euros (unos 21,500 millones de dólares) de un total de casi 35,000 millones a respaldar hogares y empresas ante el encarecimiento de la energía.
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El proyecto es “prudente y realista”, así como “sostenible para las finanzas públicas” habida cuenta de la situación económica, asegura el gobierno en un comunicado.
Entre las medidas figuran ayudas para el pago de facturas eléctricas y créditos de impuestos para las empresas cuyos gastos energéticos no dejen de subir.
Para aumentar su margen de maniobra, Meloni aumentó a principios de mes la previsión de déficit público del país en 2023 al 4,5% del PIB, contra el 3,4% previsto por su antecesor Mario Draghi.
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En su proyecto presupuestario, el Ejecutivo amplía el número de trabajadores autónomos que se pueden acoger a un impuesto único del 15%, da reducciones impositivas a los empleados y ofrece exoneraciones fiscales a las empresas que contraten a menores de 36 años.
El proyecto también decreta amnistías fiscales, una promesa electoral, para las deudas inferiores a 1,000 euros contraídas antes de 2015.
Además, eleva el umbral de pagos en efectivo de 2,000 a 5,000 euros, una medida muy controvertida porque, según sus detractores, puede favorecer la evasión fiscal y la corrupción.
Otra medida destacada es permitir en 2023 la jubilación a los 62 años a condición de llevar 41 cotizados.
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Sin esta medida transitoria que puede afectar a 48,000 personas, la edad de jubilación hubiera pasado de 64 años a 67 el próximo año en base a una reforma aprobada en 2011.
Para financiar estas medidas, el gobierno recorta el ingreso de ciudadanía, una ayuda a los más pobres recibida por 2,5 millones de personas, y aumenta del 25 al 35% los impuestos a los beneficios excesivos de las empresas energéticas instaurado en marzo por Draghi.
