El ministro canadiense de Justicia anunció el miércoles que apelará la decisión judicial que autoriza la existencia de burdeles y el vivir de los ingresos que genera la prostitución.
'La prostitución daña a la sociedad porque explota a los canadienses más vulnerables, especialmente a las mujeres', declaró Rob Nicholson en el Parlamento. 'Los canadienses pueden seguir contando con este gobierno para proteger a quienes son vulnerables a esta explotación'.
En una declaración, Nicholson dijo que el gobierno apelaría la decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Ontario ante la Suprema Corte para anular parte de la ley sobre prostitución.
Tres mujeres de Toronto habían apelado la ley antiprostitución en octubre de 2009, aduciendo que prohibir su ejercicio ponía a las prostitutas en peligro, obligándolas a ir a buscar a sus clientes en zonas poco seguras.
Las mujeres pidieron que la prostitución dejara de ser un crimen y el derecho de abrir burdeles para brindar un entorno más seguro para las que ejercen el meretricio.
Un tribunal les había dado la razón, declarando que 'el peligro que enfrentan las prostitutas gana sobre los daños que puede sufrir el público'.
Esta decisión había sido parcialmente confirmada en la apelación. Pero la prohibición de comunicar en público las intenciones de prostitución fue mantenida por la Corte de Apelaciones.
