CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Una comisión del Congreso guatemalteco pidió el viernes que se investigue a los exempleados de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a fiscales.
El diputado Juan Ramón Lau, allegado al partido oficial, catalogó de 'estructura criminal' a los integrantes de esa Comisión de las Naciones Unidas, más conocida como CICIG, y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por los casos presentados contra políticos, empresarios y funcionarios.
'La CICIG manipuló las instituciones de justicia y por eso es una estructura criminal al igual que la FECI. El Ministerio Público debe investigar a las personas que hicieron las investigaciones', dijo el congresista tras la presentación de un informe que recogió el testimonio de varios acusados de corrupción.
El diputado Juan Ramón Lau, allegado al partido oficial, catalogó de 'estructura criminal' a los integrantes de esa Comisión de las Naciones Unidas, más conocida como CICIG, y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por los casos presentados contra políticos, empresarios y funcionarios.
'La CICIG manipuló las instituciones de justicia y por eso es una estructura criminal al igual que la FECI. El Ministerio Público debe investigar a las personas que hicieron las investigaciones', dijo el congresista tras la presentación de un informe que recogió el testimonio de varios acusados de corrupción.
LEA: El hundimiento del buque 'África', la tragedia que pasó al olvido por el Titanic
El congresista agregó que el documento elaborado por el Legislativo fue enviado a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que haga una investigación si así lo determina.
La comisión de diputados fue creada por el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) señalado en un caso de corrupción por la CICIG antes de su muerte en 2018. La comisión legislativa estuvo integrada por congresistas críticos de la CICIG.
La conformación de esa comisión fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. El exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, la consideró una injerencia ilegal del Legislativo y sostuvo que su objetivo es afectar los procesos judiciales que se encuentran en curso.
A través de un comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó el trabajo de la CICIG y de los operadores de justicia de Guatemala y solicitó que se garantice la seguridad de los exempleados de la Comisión.
'Tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia han hecho una contribución decisiva hacia la erradicación la corrupción y la impunidad en Guatemala y fortalecer las instituciones, tal como han reconocido repetidamente las autoridades guatemaltecas, defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional', dijo Guterres.
LEA: Unos 15 muertos en el atentado contra una mezquita al suroeste de Pakistán
La CICIG dejó de operar en Guatemala el 3 de septiembre de 2019 luego de que el presidente Jimmy Morales decidió no renovar su periodo de trabajo.
En 2017 y 2018 la Comisión había presentado dos solicitudes de retiro de inmunidad del mandatario por supuesto financiamiento electoral ilícito. La CICIG también había llevado a juicio al hijo y al hermano de Morales por corrupción, pero pese a que el hijo confesó los cargos, ambos fueron absueltos por un tribunal.
Durante su funcionamiento entre 2007 y 2019 la CICIG investigó e identificó más de 70 estructuras criminales y presentó más de 120 casos de alto impacto que fueron judicializados. Sus principales investigaciones irán a juicio este año.
Uno de sus casos emblemáticos fue el denominado 'La Línea' que reveló una estructura de defraudación aduanera liderada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Pérez Molina renunció en 2015 al cargo y fue procesado junto a Baldetti y a casi todo su gabinete por corrupción.
Con la CICIG se implementaron métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas, que se utilizaron como prueba para condenar a decenas de personas por diversos delitos.
