El comisionado colombiano Iván Velásquez se encontraba en Washington en reuniones de trabajo para informar sobre el trabajo de la CICIG.
El viernes pasado, el presidente Jimmy Morales anunció que a un año de su vencimiento no renovaría el mandato de este organismo de Naciones Unidas que en colaboración con la fiscalía ha investigado señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
En un comunicado del martes, el gobierno dice que Morales comunicó su decisión a Naciones Unidas y pidió un reemplazo para Velásquez.
El documento lo califica como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
Un funcionario diplomático que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó a The Associated Press que los embajadores acreditados en el país estarían reunidos de emergencia para discutir su posición sobre la decisión de Morales.
Esta es la segunda vez que el mandatario intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal general Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales.
La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015.
En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.
Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La semana pasada el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente.
Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.
A pesar de la decisión que tomó el viernes, el mandatario aseguró que se mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”.
