Ahora, mientras las políticas de inmigración del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump colocan una renovada atención al trato que reciben las personas que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal, la progresista ciudad del sur de Arizona lidia con lo que significa ser una entidad que acoge a los inmigrantes.
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Los votantes decidirán si designan a Tucson como la única ciudad santuario de Arizona, lo que representa un desafío directo a Trump y a una ley en contra de la inmigración ilegal que puso la atención mundial en el estado hace casi una década.
La votación programada para el martes está dividiendo a los progresistas en una ciudad en la que muchos ansían enviar un mensaje al mandatario, pero otros temen que provoque la ira de Trump y de sus aliados en la Legislatura estatal.
La iniciativa, conocida como Proposición 205, fue elaborada por un grupo de activistas que busca darle voz a la numerosa comunidad latina de la ciudad.
“Queremos asegurarnos de que nuestra ciudad sea más equitativa”, dijo Zaira Livier, directora ejecutiva de la Iniciativa de la Defensa de la Gente. “Que nuestra ciudad envíe el mensaje a nuestros propios residentes sobre que están a salvo, son valorados, que no son dispensables para nosotros, que estamos dispuestos a luchar por ellos”.
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Todo el concejo de la ciudad, cuyos miembros son demócratas, se opone, alegando inquietudes sobre unas consecuencias imprevistas y el potencial de perder millones de dólares en financiamiento estatal y federal.
Temen represalias del gobierno de Trump, que ha luchado contra las ciudades santuario y ha restringido su acceso a los beneficios gubernamentales, y podría poner en peligro el financiamiento que Tucson recibe del estado.
También temen que ataría las manos de la ciudad en cuanto a cooperar con las autoridades en cuestiones que no tienen nada que ver con la inmigración.
En 2012, el concejo de Tucson designó a la ciudad como una que “acoge a los inmigrantes”, y expresó su apoyo a ellos, pero se abstuvo de llamarse ciudad santuario. Las políticas del Departamento de Policía de la entidad limitan dónde y cuándo los agentes pueden preguntar sobre el estatus migratorio.
