San Francisco, Estados Unidos
Inmigrantes de cuatro naciones _tres de ellas latinoamericanas_ y sus hijos nacidos en Estados Unidos demandaron el lunes al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de cancelar un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.
Nueve inmigrantes y cinco hijos interpusieron la denuncia ante una corte federal de San Francisco, bajo el argumento de que la decisión de poner fin al estatus de protección temporal a inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán fue por motivos raciales.
El estatus se otorga a países devastados por la guerra o desastres naturales. Permite que los ciudadanos de dichas naciones permanezcan en Estados Unidos hasta que mejore la situación en sus países de origen.
Más de 200 mil inmigrantes podrían estar sujetos a deportación a causa del cambio en la política, y ellos tienen más de 200 mil hijos estadounidenses que corren el riesgo de ser desterrados de sus comunidades y escuelas, según los denunciantes en el caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y otros activistas migratorios.
El demandante salvadoreño Orlando Zepeda ha vivido en California durante más de tres décadas y cría a sus hijos de 12 y 14 años en Los Ángeles. Dijo que el cambio sería apabullante.
Zepeda ha trabajado en el mantenimiento de edificios durante los últimos ocho años, y teme que no reconocería el país del que salió en su adolescencia durante la guerra civil.
“Mi casa y mi familia están aquí”, dijo en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
Se trata de la demanda más reciente en contra del gobierno federal respecto a sus estrictas políticas migratorias. Inmigrantes haitianos y salvadoreños interpusieron un caso en Massachusetts el mes pasado en el que también se argumenta que hubo motivos raciales para cancelar el estatus de protección temporal.
Ambas demandas se presentaron después de que Trump utilizó lenguaje soez para describir la llegada de inmigrantes procedentes de Haití y países africanos.
La demanda en California alega que Estados Unidos redujo sus criterios para determinar si los países cumplen los requisitos para el estatus de protección temporal. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Trump ha cancelado el programa para las cuatro naciones.
El programa fue creado por razones humanitarias. y el gobierno federal puede renovar el estatus después de realizar una evaluación.
El Salvador fue designado para el programa en 2001 después de un fuerte terremoto, y desde entonces se ha renovado su estatus en repetidas ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero pasado que el programa para El Salvador expiraría en septiembre de 2019.
En ese momento, los hijos estadounidenses de dichos migrantes podrían enfrentar la decisión de salir de su país en compañía de sus padres o permanecer sin ellos, según la demanda, que aspira a ser colectiva para los hijos.
“Estos niños estadounidenses no deberían tener que elegir entre su país y su familia”, comentó Ahilan Arulanantham, director legal y de activismo de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California, a través de un comunicado.
Inmigrantes de cuatro naciones _tres de ellas latinoamericanas_ y sus hijos nacidos en Estados Unidos demandaron el lunes al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de cancelar un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.
Nueve inmigrantes y cinco hijos interpusieron la denuncia ante una corte federal de San Francisco, bajo el argumento de que la decisión de poner fin al estatus de protección temporal a inmigrantes procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán fue por motivos raciales.
El estatus se otorga a países devastados por la guerra o desastres naturales. Permite que los ciudadanos de dichas naciones permanezcan en Estados Unidos hasta que mejore la situación en sus países de origen.
Más de 200 mil inmigrantes podrían estar sujetos a deportación a causa del cambio en la política, y ellos tienen más de 200 mil hijos estadounidenses que corren el riesgo de ser desterrados de sus comunidades y escuelas, según los denunciantes en el caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y otros activistas migratorios.
El demandante salvadoreño Orlando Zepeda ha vivido en California durante más de tres décadas y cría a sus hijos de 12 y 14 años en Los Ángeles. Dijo que el cambio sería apabullante.
Zepeda ha trabajado en el mantenimiento de edificios durante los últimos ocho años, y teme que no reconocería el país del que salió en su adolescencia durante la guerra civil.
“Mi casa y mi familia están aquí”, dijo en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
Se trata de la demanda más reciente en contra del gobierno federal respecto a sus estrictas políticas migratorias. Inmigrantes haitianos y salvadoreños interpusieron un caso en Massachusetts el mes pasado en el que también se argumenta que hubo motivos raciales para cancelar el estatus de protección temporal.
Ambas demandas se presentaron después de que Trump utilizó lenguaje soez para describir la llegada de inmigrantes procedentes de Haití y países africanos.
La demanda en California alega que Estados Unidos redujo sus criterios para determinar si los países cumplen los requisitos para el estatus de protección temporal. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Trump ha cancelado el programa para las cuatro naciones.
El programa fue creado por razones humanitarias. y el gobierno federal puede renovar el estatus después de realizar una evaluación.
El Salvador fue designado para el programa en 2001 después de un fuerte terremoto, y desde entonces se ha renovado su estatus en repetidas ocasiones. El gobierno de Trump anunció en enero pasado que el programa para El Salvador expiraría en septiembre de 2019.
En ese momento, los hijos estadounidenses de dichos migrantes podrían enfrentar la decisión de salir de su país en compañía de sus padres o permanecer sin ellos, según la demanda, que aspira a ser colectiva para los hijos.
“Estos niños estadounidenses no deberían tener que elegir entre su país y su familia”, comentó Ahilan Arulanantham, director legal y de activismo de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California, a través de un comunicado.
