ROMA, ITALIA.- Fiscales italianos y el organismo defensor de la vida privada investigan cómo aparecieron los nombres de mujeres que tuvieron abortos espontáneos o voluntarios en cruces colocadas en las tumbas de los fetos en un
cementerio en Roma.
Grupos de derechos humanos han denunciado una grave violación de la intimidad de las mujeres, protegida por la ley de 1978 que legalizó el aborto en Italia. Aunque las normas exigen que el feto de más de 20 semanas sea sepultado, varias mujeres han denunciado que jamás consintieron conscientemente los entierros, ni menos que se pusieran sus nombres en las cruces.
Grupos de derechos humanos han denunciado una grave violación de la intimidad de las mujeres, protegida por la ley de 1978 que legalizó el aborto en Italia. Aunque las normas exigen que el feto de más de 20 semanas sea sepultado, varias mujeres han denunciado que jamás consintieron conscientemente los entierros, ni menos que se pusieran sus nombres en las cruces.
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El escándalo salió a la luz el mes pasado cuando una mujer escribió en Facebook que vio su nombre casualmente en el Cementerio Flaminio de Roma. Esto ha tenido gran repercusión en este país católico en una época en que las mujeres dicen que se vuelve cada vez más difícil encontrar un médico dispuesto a realizar un aborto y que, de acceder a este, el trato es malo.
El grupo defensor de los derechos de la mujer Differenza Donna dijo que ha identificado más de 1.000 tumbas en el cementerio romano. Las cruces son toscas, de madera o hierro, y algunas de las tumbas están adornadas con animales de peluche sucios o juguetes abandonados a la intemperie.
“Al exhibir los nombres y apellidos de las mujeres, se violó un aspecto crucial de la ley... que es el derecho a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo”, dijo la presidenta de Differenza Donna, Elisa Ercoli.
Además, algunas de las mujeres no eran cristianas o creyentes, lo cual significa que las cruces violaron su libertad de conciencia y religión, añadió.
Legisladores han reclamado explicaciones a los organismos públicos implicados, y el organismo defensor de la privacidad inició una investigación.
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