SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Un juzgado salvadoreño remitió a la Corte Suprema el proceso de extradición del expresidente Mauricio Funes y tres de sus familiares, procesados por su presunta participación en un red de corrupción que desvió 351 millones de dólares de las arcas del Estado.
La oficina de comunicaciones del Centro Judicial confirmó el sábado que el Juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sídney Blanco, aprobó la petición de la Fiscalía General de la República, para que sean traídos al país y respondan por los cargos que se les imputan.
Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes, se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Funes es requerido por la justicia para responder por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
Según la ley de proceso de extradición, luego que el juez resolvió avalar la petición de extradición del exmandatario, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si procede o no solicitar la extradición.
Si la solicitud se encontrara conforme a derecho, la Corte la remitiría al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que a su vez la enviaría al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser enviado a la embajada salvadoreña ante Nicaragua o a la embajada nicaragüense acreditada en El Salvador, para ser entregada al ministerio de Relaciones exteriores de ese país. No hay tiempo estipulado para el trámite.
El juzgado emitió el requerimiento luego de que la Interpol notificó a El Salvador que no emitirá alerta roja de búsqueda y detención contra del exmandatario y sus familiares debido a que están bajo condición de asilo político en Nicaragua.
Pero el juez Blanco explicó que para tramitar la extradición no es necesaria la publicación de la alerta roja contra los imputados.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 inmuebles en el país que asegura son propiedad de Funes pero que están a nombre de testaferros y otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo y pagó también boletos de avión para sus familiares y de los de su pareja. Guzmán Sigüenza también utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en California, Estados Unidos.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
La oficina de comunicaciones del Centro Judicial confirmó el sábado que el Juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Sídney Blanco, aprobó la petición de la Fiscalía General de la República, para que sean traídos al país y respondan por los cargos que se les imputan.
Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes, se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Funes es requerido por la justicia para responder por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
Según la ley de proceso de extradición, luego que el juez resolvió avalar la petición de extradición del exmandatario, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si procede o no solicitar la extradición.
Si la solicitud se encontrara conforme a derecho, la Corte la remitiría al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que a su vez la enviaría al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser enviado a la embajada salvadoreña ante Nicaragua o a la embajada nicaragüense acreditada en El Salvador, para ser entregada al ministerio de Relaciones exteriores de ese país. No hay tiempo estipulado para el trámite.
El juzgado emitió el requerimiento luego de que la Interpol notificó a El Salvador que no emitirá alerta roja de búsqueda y detención contra del exmandatario y sus familiares debido a que están bajo condición de asilo político en Nicaragua.
Pero el juez Blanco explicó que para tramitar la extradición no es necesaria la publicación de la alerta roja contra los imputados.
Según la Fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Durante la investigación la Fiscalía encontró 14 inmuebles en el país que asegura son propiedad de Funes pero que están a nombre de testaferros y otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo y pagó también boletos de avión para sus familiares y de los de su pareja. Guzmán Sigüenza también utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en California, Estados Unidos.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
