WASHINGTON, EEUU.- Un juez federal dijo el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump es el único responsable de
reunificar a cientos de menores migrantes que continúan lejos de sus familias tras haber sido separados en la frontera con México, con lo que desinfló un plan del gobierno que intenta delegarle esa tarea a la Unión Americana de Libertades Civiles.
“La realidad es que por cada padre que no es localizado, habrá un niño permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno”, afirmó el juez federal de distrito Dana Sabraw.
Hizo sus observaciones en una conferencia telefónica un día después de que el gobierno federal y la ACLU _siglas en inglés del organismo activista_ presentaran planes totalmente opuestos sobre la manera de reunificar a más de 500 menores aún separados, entre ellos 410 cuyos padres no se encuentran en Estados Unidos.
Washington propuso el jueves que la ACLU, que representa a los padres migrantes, use sus “recursos considerables” para encontrar a los padres en sus países de origen, predominantemente Guatemala y Honduras. El Departamento de Justicia indicó en un documento presentado ante la corte que el Departamento de Estado ha iniciado el diálogo con gobiernos extranjeros sobre la forma en que Estados Unidos puede ayudar en esa tarea.
Sabraw se dijo decepcionado con la propuesta a la corte “en el sentido de que no se ha propuesto ningún plan”. Agregó que él le ordenaría al gobierno que designe a alguien para que encabece esa labor.
“Esta va a ser una tarea considerable, y resulta evidente que debe haber una persona a cargo”, subrayó.
Entre lo que quedó sin resolver el viernes fue una suspensión temporal de las deportaciones de familias reunificadas que el mismo Sabraw impuso el 16 de julio a fin de tener tiempo para resolver otras cuestiones. La ACLU ha solicitado que las familias tengan al menos una semana para decidir si desean solicitar asilo luego de reunirse con sus hijos, una medida a la que el gobierno federal se opone.
Sabraw afirmó que quiere esperar el fallo de un juez federal en Washington, D. C. sobre una demanda legal que también busca una suspensión temporal a las deportaciones. Añadió que, si ese juez transfiere el caso a San Diego, él planea convocar a una audiencia la próxima semana para atender los argumentos orales.
A finales de junio, Sabraw ordenó que más de 2,500 niños fueran devueltos a sus padres para el 26 de julio. Sin embargo, cientos de ellos continúan separados, principalmente porque muchos de sus padres se encuentran fuera de Estados Unidos.
“La realidad es que por cada padre que no es localizado, habrá un niño permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno”, afirmó el juez federal de distrito Dana Sabraw.
Hizo sus observaciones en una conferencia telefónica un día después de que el gobierno federal y la ACLU _siglas en inglés del organismo activista_ presentaran planes totalmente opuestos sobre la manera de reunificar a más de 500 menores aún separados, entre ellos 410 cuyos padres no se encuentran en Estados Unidos.
Washington propuso el jueves que la ACLU, que representa a los padres migrantes, use sus “recursos considerables” para encontrar a los padres en sus países de origen, predominantemente Guatemala y Honduras. El Departamento de Justicia indicó en un documento presentado ante la corte que el Departamento de Estado ha iniciado el diálogo con gobiernos extranjeros sobre la forma en que Estados Unidos puede ayudar en esa tarea.
Sabraw se dijo decepcionado con la propuesta a la corte “en el sentido de que no se ha propuesto ningún plan”. Agregó que él le ordenaría al gobierno que designe a alguien para que encabece esa labor.
“Esta va a ser una tarea considerable, y resulta evidente que debe haber una persona a cargo”, subrayó.
Entre lo que quedó sin resolver el viernes fue una suspensión temporal de las deportaciones de familias reunificadas que el mismo Sabraw impuso el 16 de julio a fin de tener tiempo para resolver otras cuestiones. La ACLU ha solicitado que las familias tengan al menos una semana para decidir si desean solicitar asilo luego de reunirse con sus hijos, una medida a la que el gobierno federal se opone.
Sabraw afirmó que quiere esperar el fallo de un juez federal en Washington, D. C. sobre una demanda legal que también busca una suspensión temporal a las deportaciones. Añadió que, si ese juez transfiere el caso a San Diego, él planea convocar a una audiencia la próxima semana para atender los argumentos orales.
A finales de junio, Sabraw ordenó que más de 2,500 niños fueran devueltos a sus padres para el 26 de julio. Sin embargo, cientos de ellos continúan separados, principalmente porque muchos de sus padres se encuentran fuera de Estados Unidos.
