MADRID, ESPAÑA.- Un jubilado español acusado de enviar seis cartas bomba a finales de 2022 a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos o al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es juzgado desde este lunes en Madrid y podría pasar más de 20 años en la cárcel si es hallado culpable.
El español Pompeyo González Pascual, un septuagenario prorruso del norte de España, que se oponía a que los países occidentales ayudaran a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, es acusado de los delitos de terrorismo con resultado de lesiones y terrorismo con tenencia de explosivos.
Estos fueron los cargos que le leyó el juez de la Audiencia Nacional - la alta instancia judicial española que se ocupa de los delitos más graves - en la primera sesión de un juicio que se prolongará hasta el jueves.
González Pascual, que se halla en libertad condicional, vestía con pantalones grises y camisa de manga corta a cuadros.
El sospechoso envió seis sobres bomba al presidente del Gobierno español, a su ministra de Defensa, Margarita Robles, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, a una empresa de armas que fabrica lanzagranadas donados a Ucrania y a una importante base militar española.
El hombre era contrario al apoyo anunciado por España y Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa de febrero 2022 y buscaba “variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española”, según el auto de la Fiscalía.
Un perito que examinó los dispositivos informáticos del acusado dijo en el juicio que hallaron “consultas en páginas web para preparar dispositivos, artefactos explosivos” y “canales de propaganda mediática relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania”.
Un vigilante de la embajada ucraniana resultó herido de levedad cuando manipulaba uno de los sobres y las otras cartas fueron interceptadas por personal de seguridad.
El acusado fue detenido y puesto en prisión preventiva en enero de 2023, pero un juez lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares en abril de ese año, al considerar que no había peligro de que destruyera pruebas ni de que reincidiera, además de que carecía de antecedentes penales.
Según ese juez, no había “indicios” de que el sospechoso hubiera actuado junto a “grupo organizado terrorista alguno”.
