El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador también giró orden de captura nacional e internacional contra el ex director fiscal Diego Balmore Portillo y el periodista costarricense Lafitte Fernández, para que sean procesados por “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial en perjuicio de la administración pública”. De ser encontrados culpables podrían ser condenados a un máximo de ocho años de prisión, informó el sábado la oficina de prensa de los tribunales.
Funes, asilado en Nicaragua, respondió a la decisión del juzgado en Twitter, preguntando que “en qué parte de la legislación salvadoreña dice que el ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) es un documento oficial del Estado salvadoreño. ¿Y cuál es el agravio que se le produjo a la administración de justicia en el país como para que su divulgación sea un delito?”
Esta sería la tercera orden de captura girada contra Funes. Antes ya había sido ordenada su detención para ser procesado por entregar dadivas al ex fiscal general Luis Martínez y otros funcionarios de segundo nivel de la Fiscalía y particulares.
La justicia salvadoreña también busca al expresidente para que responda por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
La Corte Suprema de Justicia ya estudia una solicitud de extradición del exmandatario.
Funes reveló el ROS en noviembre de 2013 durante un programa que transmitía por radio y televisión, y tras conocerse que la Asamblea Legislativa creó una comisión especial que interrogó al expresidente Flores, quien después fue procesado por desviar el dinero donado por Taiwán.
Durante las investigaciones del ministerio público, se comprobó que 10 millones de dólares fueron a parar a las cuentas del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lo llevó al poder, y el resto se desvió a beneficio del expresidente.
Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004, murió el 30 de enero de 2016 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Con su muerte se extinguió la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad civil.
El Ministerio Público también presentó recientemente ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, otra acusación contra Funes y su esposa, para que sean procesados por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica.
Por el mismo caso serán procesados el empresario cafetalero Miguel Menéndez; el expresidente de la estatal Central Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) José Leopoldo Samur Gómez; y los representantes de la empresa ASTALDI, José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini.
