El presidente venezolano, Nicolás Maduro, estimó inviable el referendo revocatorio que promueve en su contra la oposición, que por su parte se apresta a rechazarle en el Parlamento, en el que es mayoría, un decreto de estado de excepción que otorga amplios poderes al gobierno.
En una rueda de prensa en Caracas, Maduro dijo que sus adversarios pretendieron cometer 'fraude' con las firmas que entregaron al Poder Electoral como requisito para que se active la consulta.
'Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política e histórica, y ninguna va a tener éxito', advirtió.
El mandatario socialista suscribió así denuncias de líderes del oficialismo sobre inconsistencias en las rúbricas que, según ellos, hacen imposible que el presidente sea revocado.
Maduro juzgó que los opositores quieren hacer estallar la violencia para tapar ese 'desastre', y reiteró que 'por cada firma falsificada, demanda garantizada'.
Venezuela atraviesa por una crisis económica y social, que se traduce en una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas. Además, sufre altas tasas de criminalidad (63,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015) y recientemente ha enfrentado prolongados apagones.
Según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.
Rechazo garantizado
Mientras tanto, la oposición debatía en el Parlamento -donde es mayoría- un decreto de estado de excepción con el que el Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
Maduro dio por descontado que la Asamblea rechazará el decreto y sostuvo que el actual Parlamento 'perdió vigencia política (y) es cuestión de tiempo para que desaparezca'.
Poco antes de comenzar el debate, el líder opositor Henrique Capriles llamó a desconocer el decreto, y sostuvo que llegó la hora de que los militares decidan si 'están con la Constitución o con Maduro'.
Capriles también reiteró la convocatoria a una manifestación este miércoles para pedir que se acelere el referendo revocatorio contra Maduro.
'Hay planes para convertir esas marchas en Caracas en eventos insurreccionales y violentos. Las autoridades están obligadas a garantizar la paz, ellos no pueden imponer la violencia', advirtió el presidente.
La Asamblea tratará el decreto, como ordena la ley, y su esperado rechazo dejará la última palabra al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del gobierno.
Pese a la vigencia del estado de excepción, en las calles de Caracas no se notaba una presencia inusual de militares o policías, aunque sí las cotidianas colas para comprar los pocos productos básicos que llegan a los supermercados.
Como es habitual desde hace meses, en las redes sociales seguían circulando reportes sobre incidentes en esas filas y conatos de saqueos.
Poderes ilimitados
El pasado viernes, Maduro renovó por segunda vez un decreto de emergencia económica vigente desde enero. Pero le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental.
'Es una habilitación ilimitada a favor del presidente', dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre sus justificaciones, el decreto indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el 'desconocimiento de todos los poderes públicos' e impulsa la 'interrupción del período' de Maduro.
También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales 'financiados desde el exterior' para generar violencia y justificar una intervención extranjera.
Maduro reiteró que tras esas maniobras está Estados Unidos, y denunció dos incursiones de un avión militar de ese país en territorio venezolano el 11 y 13 de mayo, ante lo cual presentará una protesta diplomática.
Civiles a vigilar y controlar
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno a 'ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen (...) el orden público'.
Además, le atribuye a grupos civiles 'funciones de vigilancia y organización', conjuntamente con la fuerza pública, 'para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía'.
Para reactivar la producción prevé la 'asignación directa de divisas', que escasean por el desplome de los precios del petróleo, y Maduro queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde se redujo a dos días a la semana, para ahorrar energía.
Para el analista Luis Vicente León, el objetivo económico del decreto es eludir a la Asamblea para la reestructuración del presupuesto.
En la primera medida bajo el estado de excepción, Maduro llamó el fin de semana a tomar las fábricas paralizadas, según él como parte de una 'guerra económica' que genera una aguda escasez de alimentos y medicinas.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario.
En caso contrario, se convocará a elecciones.
