BUENOS AIRES, ARGENTINA. — El gobierno argentino denunció penalmente al expresidente
Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia para la represión de las protestas callejeras en medio de la crisis política y social que sacudió al vecino país a fines de 2019.
El escrito, presentado el lunes ante la justicia federal de Buenos Aires, señala que la donación en distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas tenía por objetivo “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez tras el golpe de estado ”.
El escrito, presentado el lunes ante la justicia federal de Buenos Aires, señala que la donación en distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos en spray y granadas de gas tenía por objetivo “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez tras el golpe de estado ”.
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Según la versión del gobierno de Alberto Fernández, el envío irregular del material se produjo el 12 de noviembre de 2019 “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y en particular ante el servicio aduanero”.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, según la denuncia.
Bolivia se encuentra en una abierta polémica en la que el actual gobierno de Luis Arce y el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) acusan a la oposición de haber cometido un golpe de Estado. Por su parte, los opositores dicen que Morales perpetró un fraude electoral que detonó protestas entre partidarios y opositores del exmandatario que dejaron 36 muertos.
Áñez está en la cárcel hace cuatro meses, acusada de sedición, terrorismo y conspiración.
El presunto envío de armamento y municiones al vecino país hace dos años fue revelado la semana pasada por el canciller boliviano Rogelio Mayta, quien presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino en La Paz.
Para el gobierno argentino, el envío ilegal de municiones a Bolivia se encuadra dentro de “la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.
Macri (2015-2019) negó la acusación y dijo que la única acción que tuvo su gobierno durante el conflicto político y social en el vecino país fue ofrecer asilo “en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”.
“Todo lo dicho es falso. Todo es mentira”, se defendió el exmandatario en una carta publicada días atrás en redes sociales, y señaló que se trata de una maniobra montada por su sucesor Fernández para “desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”.
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