CIUDAD DE GUATEMALA. -Miles de indígenas guatemaltecos salieron este lunes a las calles para rechazar la decisión del presidente
Jimmy Morales de no renovar el mandato de la
Comisión Internacional contra la Impunidad y prohibir la entrada al país de su titular.
Los manifestantes se concentraron en los departamentos de Sololá, al oeste, y de Baja Verapaz, al norte de la capital.
También bloquearon una importante carretera “para mostrar nuestro rechazo a las decisiones del presidente. Queremos que el comisionado (Iván) Velásquez regrese a Guatemala y que dejen trabajar a la CICIG, que puedan continuar con las investigaciones”, dijo Tomas Saloj, exalcalde indígena del departamento de Sololá, quien explicó que los bloqueos y protestas continuarán durante la semana.
Morales ordenó el 31 de agosto no renovar el mandato de CICIG, un órgano de las Naciones Unidas que desde 2007 lidera junto a la fiscalía la lucha contra la corrupción en el país y que incluso ha solicitado el desafuero del presidente para investigarlo por corrupción. El mandato de la comisión vence en agosto de 2019.
A su vez, el mandatario prohibió el ingreso a Guatemala de a Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos. En respuesta, el secretario general de ONU, António Guterres, pidió a Velásquez dirigir la comisión desde afuera del país centroamericano.
Abogados, activistas y el procurador de Derechos Humanos han pedido a la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano de justicia del país, detener las decisiones de Morales. El presidente ha dicho que no tiene por qué acatar órdenes ilegales en clara alusión a ese tribunal.
Las investigaciones de la CICIG y la fiscalía han tocado a las más altas esferas del gobierno y el empresariado y han alcanzado incluso al propio presidente, quien es investigado por supuesto financiamiento electoral ilícito por un millón de dólares del partido Frente de Convergencia Nacional que lo llevó al poder en 2015.
Esta no es la primera vez que se solicita el desafuero de Morales. En 2017, la CICIG y la entonces fiscal general Thelma Aldana también pidieron el retiro de su inmunidad por presuntamente haber ocultado información sobre otro millón de dólares. Pero el pedido no alcanzó los votos suficientes en el Congreso y quedó archivado. Hubo una tercera solicitud porque Morales recibió durante nueve meses 61.000 dólares como sobresueldo, que finalmente devolvió.
El hijo y el hermano del mandatario también son juzgados por delitos de corrupción. Morales ha dicho que es inocente de los cargos.
Los manifestantes se concentraron en los departamentos de Sololá, al oeste, y de Baja Verapaz, al norte de la capital.
También bloquearon una importante carretera “para mostrar nuestro rechazo a las decisiones del presidente. Queremos que el comisionado (Iván) Velásquez regrese a Guatemala y que dejen trabajar a la CICIG, que puedan continuar con las investigaciones”, dijo Tomas Saloj, exalcalde indígena del departamento de Sololá, quien explicó que los bloqueos y protestas continuarán durante la semana.
Morales ordenó el 31 de agosto no renovar el mandato de CICIG, un órgano de las Naciones Unidas que desde 2007 lidera junto a la fiscalía la lucha contra la corrupción en el país y que incluso ha solicitado el desafuero del presidente para investigarlo por corrupción. El mandato de la comisión vence en agosto de 2019.
A su vez, el mandatario prohibió el ingreso a Guatemala de a Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos. En respuesta, el secretario general de ONU, António Guterres, pidió a Velásquez dirigir la comisión desde afuera del país centroamericano.
Abogados, activistas y el procurador de Derechos Humanos han pedido a la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano de justicia del país, detener las decisiones de Morales. El presidente ha dicho que no tiene por qué acatar órdenes ilegales en clara alusión a ese tribunal.
Las investigaciones de la CICIG y la fiscalía han tocado a las más altas esferas del gobierno y el empresariado y han alcanzado incluso al propio presidente, quien es investigado por supuesto financiamiento electoral ilícito por un millón de dólares del partido Frente de Convergencia Nacional que lo llevó al poder en 2015.
Esta no es la primera vez que se solicita el desafuero de Morales. En 2017, la CICIG y la entonces fiscal general Thelma Aldana también pidieron el retiro de su inmunidad por presuntamente haber ocultado información sobre otro millón de dólares. Pero el pedido no alcanzó los votos suficientes en el Congreso y quedó archivado. Hubo una tercera solicitud porque Morales recibió durante nueve meses 61.000 dólares como sobresueldo, que finalmente devolvió.
El hijo y el hermano del mandatario también son juzgados por delitos de corrupción. Morales ha dicho que es inocente de los cargos.
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