El vocero de la CICIG, Matías Ponce, dijo a The Associated Press que al menos 12 vehículos estaban afuera del edificio en la capital del país.
La CICIG, creada en 2006 tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, ha trabajado con fiscales y la justicia local para investigar señalamientos que han involucrado a políticos y empresarios.
No quedaba claro por qué ocurría el asedio, pero el presidente Jimmy Morales ha tenido varias fricciones con el organismo.
Morales actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la CICIG hicieron la petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015.
En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que recibió un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente.
Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.
La primera vez que se hizo una solicitud del estilo fue en agosto del año pasado y también relaciona al presidente en temas electorales. Según las investigaciones previas, el partido incumplió ante el TSE y ocultó más de un millón de dólares. Esta petición fue tramitada por la Corte Suprema pero los diputados no apoyaron el retiro de inmunidad.
La segunda ocurrió en octubre del mismo año después de que medios revelaran que Morales recibió más de 60 mil dólares de sobresueldo por parte del ejército. En ese momento la Corte rechazó la petición y el presidente devolvió el dinero.
