La decisión también dispone de la instalación de una comisión con ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.
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El anuncio se produjo tras una reunión entre los máximos dirigentes indígenas y el mandatario junto a su equipo de colaboradores más cercanos, en un lugar mantenido en secreto.
El decreto se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.