'Motel 6 violó los derechos de privacidad de decenas de miles de habitantes de Washington sin su conocimiento o consentimiento, y pagó 12 millones de dólares para evitar enfrentar a mi equipo legal en el juicio', dijo el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, en declaraciones recogidas en un comunicado del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).
Empleados de siete establecimientos de Motel 6 del estado de Washington compartieron voluntariamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) información de registro de huéspedes entre 2015 y 2017 como nombres, números de licencia de conducir y fechas de nacimiento.
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De esta forma violaron la privacidad de sus huéspedes y la ley de Washington, indicó CDM, organización binacional de derechos de los migrantes que trabaja con la Oficina del Procurador General de Washington como uno de los administradores de reclamos en el caso.
ICE marcaba con un círculo los nombres latinos, lo que llevaba a los agentes a interrogar, arrestar e incluso deportar a huéspedes.
Para recibir una compensación, las personas afectadas, sin importar sus estatus migratorio, deben presentar una reclamación antes del próximo 31 de diciembre.
La cantidad que las víctimas que reciban compensación variará en función del daño que se produjo como resultado de compartir su información privada con ICE.
'Tenemos que unirnos para exigir respeto y fortalecernos como comunidad', dijo Ramón Flores, uno de los denunciantes y que fue deportado después de que sus datos fuesen entregados a ICE.
Como parte del acuerdo, Motel 6 ya no entregará la información de los huéspedes sin una orden judicial u otra base legal y capacitará a sus empleados para cumplir este compromiso.
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La Oficina del Procurador General de Washington supervisará las políticas y la capacitación de Motel 6 durante los próximos tres años.
Este acuerdo legal se suma a otro similar en Arizona, donde un juez ya aprobó de manera preliminar el pacto entre Motel 6 y los demandantes.
Gracias al acuerdo de Arizona, hay disponibles hasta 10 millones de dólares para responder a reclamos de los miembros de la demanda colectiva interpuesta en 2018.
