Mojados y enlodados tras cruzar la frontera con México, los niños inmigrantes cuentan que se acostaron o sentaron en el piso frío de las celdas a donde fueron llevados.
Era difícil dormir con la luz prendida toda la noche y los guardias pateando sus pies, decían. Tenían hambre después de recibir lo que dijeron que eran sándwiches congelados y comida apestosa.
Los más pequeños lloraban en espacios cercados, en donde estaban apiñados con adolescentes, e imploraban que los llevaran con sus padres. Los inodoros estaban sucios y el agua corriente era poca, cuentan. Esperaban, inseguros y asustados, por lo que les deparaba el futuro.
“No sabía dónde estaba mi mamá”, dijo Griselda, una guatemalteca de 16 años que ingresó a Estados Unidos con su madre por la zona de McAllen, Texas. “Vi a niñas preguntar en dónde estaban sus madres, pero los guardias no les decían”.
Las descripciones que hicieron los niños de varias instalaciones de detención están incluidas en un voluminoso documento presentado esta semana en una corte federal de Los Ángeles como parte de un proceso sobre si el gobierno del presidente Donald Trump está cumpliendo con un añejo acuerdo que regula el trato que deben recibir los niños inmigrantes.
Decenas de abogados, intérpretes y otros voluntarios recorrieron el suroeste del país en junio y julio para entrevistar a más de 200 padres y menores migrantes sobre las condiciones en las celdas, centros de detención y albergues juveniles.
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Los activistas dicen que el gobierno ha incumplido con el acuerdo Flores de 1997, que dicta las condiciones de detención y requisitos de liberación para los niños inmigrantes.
“Se han expresado en voz alta y clara, y lo que han dicho es que experimentan hambre forzada, deshidratación forzada, privación del sueño forzada”, dice Peter Schey, un abogado de los niños que ha pedido a la corte designar un supervisor especial para que se cumpla con el acuerdo. “Están aterrorizados y creo que es hora de que las cortes y el público escuchen sus voces”.
El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la inmigración y el control fronterizo, no ha respondido por el momento a solicitudes de comentario. Pero en sus propios documentos presentados a la corte el mes pasado, los supervisores del gobierno dijeron que las autoridades inmigratorias cumplen con las condiciones establecidas en el acuerdo.
En su informe, Henry Moak Jr., coordinador juvenil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), documentó que la temperatura ambiental es adecuada en varias instalaciones fronterizas y que él mismo tomó agua de los contenedores de 20 litros (5 galones) en los centros de procesamiento de McAllen.
Dijo que algunos niños y padres le dijeron que no les gustaba la comida y no estaban seguros que el agua fuera potable, pero no hubo reportes de que la comida estuviera echada a perder.
También probó el agua en la estación de Yuma en Arizona y “puedo confirmar que los bebederos funcionaban y el agua sabía limpia”, dijo.
La letanía de quejas compiladas por los abogados se ha dado a conocer después que la indignación global orillara al gobierno de Trump a dar marcha atrás en la separación de familias inmigrantes en la frontera. Bajo otra orden de la corte, las autoridades ahora reunifican a los padres y niños separados, y dicen que intentarán mantener a las familias juntas durante su proceso en cortes de inmigración, aunque según el acuerdo Flores, los niños inmigrantes deben ser dejados en libertad en aproximadamente 20 días.
