Un organismo de derechos humanos acusó este viernes al gobierno de Nicaragua de abusos 'gravísimos' contra las protestas de las últimas semanas, y llamó a conformar una comisión internacional que investigue las 45 muertes durante las manifestaciones.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), un organismo independiente, señaló al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo como los responsables de 'impulsar y orientar' la represión contra estudiantes que salieron a protestar contra una reforma a la seguridad social.
El gobierno de Ortega convocó a un diálogo nacional para superar la crisis que vive el país con las protestas, iniciadas el 18 de abril, y llamó a la Iglesia católica nicaragüense a mediar en las conversaciones. Sin embargo aún no ha definido una fecha para su celebración.
'Estamos en una situación bien difícil, no es que no queramos el diálogo' pero 'no se puede impulsar un cambio sobre cadáveres', dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez en rueda de prensa.
El gobierno inicialmente no se pronunció sobre las denuncias del Cenidh.
En un informe preliminar, Cenidh reclamó la creación de una instancia investigadora de la represión a las protestas 'con órganos del sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al menos 45 personas murieron cuando manifestaciones en protesta a una reforma al sistema de pensiones devinieron en enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de seguridad, según la ONG. El gobierno solo dio un balance de los fallecidos al inicio de las refriegas, contando 10 víctimas fatales.
La Conferencia Episcopal también ha pedido el esclarecimiento de las muertes durante las manifestaciones, al igual que la CIDH, que vio negada su solicitud de visitar el país.
Para el Cenidh el gobierno provocó el rechazo de la población por acciones 'precipitadas y provocativas' como los intentos de controlar las redes sociales, la criminalización de las protestas y la censura a medios de comunicación que informaban sobre las manifestaciones.
'Ante esta realidad, el Cenidh considera que la ampliación de las demandas y la generalización de las protestas, están legitimadas con un rechazo social a la forma autoritaria de gobernar del Presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo', agregó el organismo.
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Heridos y detenidos
El informe recoge reportes de la Cruz Roja, según los cuales en los primeros cinco días de protesta atendió a unos 400 heridos, de los cuales 235 ameritaron traslado al hospital con heridas graves. Muchos de ellos no fueron a centros de salud públicos por temor a las represalias, indicó.
Unas 350 personas fueron detenidas, principalmente en Managua y León (noroeste) y cerca de 60 siguen desaparecidos, aunque 'no es posible un número exacto por la falta de información de las autoridades', agrega el informe.
Núñez insistió en apoyar la gestión de los obispos católicos, que serán mediadores y testigos del diálogo nacional, aunque reclamó que el gobierno 'de ninguna manera está creando las condiciones (para dialogar) y mantiene una atmósfera de zozobra e incertidumbre y empeñado en seguir reprimiendo'.
Hacia el futuro 'no se avizora una salida institucional' a la actual crisis, indicó Núñez, desechando en las condiciones actuales una renuncia del presidente o un adelanto de elecciones.
En caso de una renuncia de Ortega, le sucedería en el cargo la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. En caso de que los dos sean separados, el presidente del parlamento, Gustavo Porras, un allegado a la pareja, asumiría el poder, sostuvo la activista humanitaria.
Igual sucedería con unas elecciones anticipadas, dijo Núñez. Esos comicios los convocaría el Consejo Supremo Electoral (CSE), señalado de estar bajo control del oficialismo, que 'diría otra vez que Ortega o el títere que ponga ganó' la contienda, señaló.
