MANAGUA, NICARAGUA. -El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega realizó cambios en la jefatura de la
Policía Nacional, en cuyo cargo puso a su consuegro, el comisionado
Francisco Díaz, publicó el diario oficial la Gaceta.
El acuerdo presidencial señala que Díaz, quedará en posesión de su cargo a partir del 5 de septiembre, mientras que la Primer Comisionada Aminta Granera pasará a retiro.
Granera, fungía desde 2011 como directora de la entidad policial, pero desapareció del escenario público a finales de abril en medio de rumores de renuncia tras el estallido de protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos, 2000 heridos, detenidos y desaparecidos.
El comisionado Díaz es uno de los cuatro funcionarios de Nicaragua sancionados por Estados Unidos con la llamada Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer el 5 de julio la adopción de sanciones contra Díaz, quien ya fungía como subdirector de la Policía Nacional y lo señaló por 'abusos a los derechos humanos y corrupción'.
Diaz 'es considerado el líder de hecho y ha conducido diariamente' a la policía, dijo entonces el Departamento de Estado.
En esa función, Díaz 'se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales', según los alegatos del Tesoro estadounidense.
El acuerdo presidencial de Ortega, también ratificó en sus cargos de subdirector a los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán, éste último al frente de la plaza de Masaya, una de las ciudades más castigadas por las fuerzas combinadas de la policía y paramilitares.
Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma a la seguridad social que devino en una demanda política de salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El acuerdo presidencial señala que Díaz, quedará en posesión de su cargo a partir del 5 de septiembre, mientras que la Primer Comisionada Aminta Granera pasará a retiro.
Granera, fungía desde 2011 como directora de la entidad policial, pero desapareció del escenario público a finales de abril en medio de rumores de renuncia tras el estallido de protestas antigubernamentales que han dejado más de 300 muertos, 2000 heridos, detenidos y desaparecidos.
El comisionado Díaz es uno de los cuatro funcionarios de Nicaragua sancionados por Estados Unidos con la llamada Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer el 5 de julio la adopción de sanciones contra Díaz, quien ya fungía como subdirector de la Policía Nacional y lo señaló por 'abusos a los derechos humanos y corrupción'.
Diaz 'es considerado el líder de hecho y ha conducido diariamente' a la policía, dijo entonces el Departamento de Estado.
En esa función, Díaz 'se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales', según los alegatos del Tesoro estadounidense.
El acuerdo presidencial de Ortega, también ratificó en sus cargos de subdirector a los comisionados generales Adolfo Marenco y Ramón Avellán, éste último al frente de la plaza de Masaya, una de las ciudades más castigadas por las fuerzas combinadas de la policía y paramilitares.
Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma a la seguridad social que devino en una demanda política de salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Le puede interesar: Ortega culpa a la oposición por decaimiento económico
