AYOTZINAPA, México
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió este lunes a castigar a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), en una supuesta acción conjunta de policías locales y narcotraficantes.
Las autoridades siguen investigando si entre los 28 cuerpos hallados el fin de semana en fosas clandestinas hay cadáveres de los jóvenes, cuyos familiares insisten en que están vivos y exigen al presidente que los encuentre.
En un breve mensaje a medios en el Palacio Nacional, Peña Nieto aseguró la mañana del lunes que estos hechos son 'indignantes, dolorosos e inaceptables'.
'En el Estado de Derecho no cabe (...) el más mínimo resquicio para la impunidad', subrayó el mandatario al comprometer la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de la oficina de Naciones Unidas a las autoridades mexicanas.
Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos aún desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos en el municipio de Iguala, a 200 km de la capital.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y después se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
El domingo la Fiscalía de Guerrero aseguró que dos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron desde prisión haber asesinado a 17 de los estudiantes en un cerro de los alrededores de Iguala, donde el sábado fueron halladas fosas clandestinas de las que se han extraído 28 cadáveres aún no identificados.
Familiares aseguran que están vivos
Mientras hablaba Peña Nieto, los familiares de las víctimas también convocaron a los medios en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde los jóvenes estudiaban Magisterio y que es conocida por su activismo de izquierda en Guerrero, una de las regiones mexicanas más empobrecidas y afectadas por la violencia de los cárteles.
El presidente 'tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida', dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero del Comité de padres.
La participación del gobierno federal en la investigación 'no es un favor, es su obligación entregarnos a nuestros hijos con vida lo antes posible', reclamó a su vez una de las madres de los desaparecidos.
Los padres se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los cadáveres de los estudiantes. Algunos de ellos dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.
La fiscalía de Guerrero dijo el domingo que algunos de los cuerpos fueron incinerados y están partidos en trozos, por lo que las labores de identificación se demorarán entre 15 días y dos meses. Para dar mayor certeza a las familias, se pidió la colaboración de nueve especialistas forenses de Argentina.
Alianza de narcos y policías
Las desapariciones de los estudiantes han puesto de nuevo sobre la mesa la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías de México, un país que cuenta más de 80,000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22,000 desaparecidos.
De confirmarse las sospechas, sería la peor masacre conocida en el país como mínimo desde el inicio de la presidencia de Peña Nieto en diciembre de 2012.
'Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados', expresó el mandatario.
Más de 20 policías de Iguala (140,000 habitantes) han sido detenidos y señalados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo surgido hacia 2010 del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
A su vez, el director de Seguridad Pública y el alcalde están prófugos desde las balaceras.
Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública local y que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que solo se conoce el apodo de 'El Chucky', que sería un cabecilla de los Guerreros Unidos según el fiscal regional, Iñaky Blanco.
Ya había precedentes en Guerrero de que 'autoridades federales y locales han participado en agresiones con armas de fuego contra estudiantes', advirtió este lunes Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es de la mayor importancia que no haya impunidad porque en este tipo de casos 'se juega en parte el prestigio del Estado mexicano ante las instancias internacionales', subrayó Álvarez a la emisora MVS Radio.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió este lunes a castigar a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), en una supuesta acción conjunta de policías locales y narcotraficantes.
Las autoridades siguen investigando si entre los 28 cuerpos hallados el fin de semana en fosas clandestinas hay cadáveres de los jóvenes, cuyos familiares insisten en que están vivos y exigen al presidente que los encuentre.
En un breve mensaje a medios en el Palacio Nacional, Peña Nieto aseguró la mañana del lunes que estos hechos son 'indignantes, dolorosos e inaceptables'.
'En el Estado de Derecho no cabe (...) el más mínimo resquicio para la impunidad', subrayó el mandatario al comprometer la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de la oficina de Naciones Unidas a las autoridades mexicanas.
Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos aún desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos en el municipio de Iguala, a 200 km de la capital.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y después se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
El domingo la Fiscalía de Guerrero aseguró que dos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron desde prisión haber asesinado a 17 de los estudiantes en un cerro de los alrededores de Iguala, donde el sábado fueron halladas fosas clandestinas de las que se han extraído 28 cadáveres aún no identificados.
Familiares aseguran que están vivos
Mientras hablaba Peña Nieto, los familiares de las víctimas también convocaron a los medios en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde los jóvenes estudiaban Magisterio y que es conocida por su activismo de izquierda en Guerrero, una de las regiones mexicanas más empobrecidas y afectadas por la violencia de los cárteles.
El presidente 'tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida', dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero del Comité de padres.
La participación del gobierno federal en la investigación 'no es un favor, es su obligación entregarnos a nuestros hijos con vida lo antes posible', reclamó a su vez una de las madres de los desaparecidos.
Los padres se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los cadáveres de los estudiantes. Algunos de ellos dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.
La fiscalía de Guerrero dijo el domingo que algunos de los cuerpos fueron incinerados y están partidos en trozos, por lo que las labores de identificación se demorarán entre 15 días y dos meses. Para dar mayor certeza a las familias, se pidió la colaboración de nueve especialistas forenses de Argentina.
Alianza de narcos y policías
Las desapariciones de los estudiantes han puesto de nuevo sobre la mesa la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías de México, un país que cuenta más de 80,000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22,000 desaparecidos.
De confirmarse las sospechas, sería la peor masacre conocida en el país como mínimo desde el inicio de la presidencia de Peña Nieto en diciembre de 2012.
'Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados', expresó el mandatario.
Más de 20 policías de Iguala (140,000 habitantes) han sido detenidos y señalados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo surgido hacia 2010 del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
A su vez, el director de Seguridad Pública y el alcalde están prófugos desde las balaceras.
Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública local y que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que solo se conoce el apodo de 'El Chucky', que sería un cabecilla de los Guerreros Unidos según el fiscal regional, Iñaky Blanco.
Ya había precedentes en Guerrero de que 'autoridades federales y locales han participado en agresiones con armas de fuego contra estudiantes', advirtió este lunes Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es de la mayor importancia que no haya impunidad porque en este tipo de casos 'se juega en parte el prestigio del Estado mexicano ante las instancias internacionales', subrayó Álvarez a la emisora MVS Radio.
