Una comisión especial del Congreso guatemalteco recomendó este sábado levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez, para que sea investigado penalmente por su vinculación a un fraude millonario en el sistema nacional de aduanas que provocó una crisis política en el país.
“La Comisión Pesquisidora (investigadora) recomienda al pleno (del Congreso) que Otto Pérez Molina sea sometido a los tribunales de justicia y que se le quite la inmunidad”, dijo en conferencia de prensa el diputado opositor Jorge Barrios, integrante del comité que entre viernes y sábado realizó la investigación.
Para levantar los fueros a Pérez el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados. Se espera que el lunes la junta directiva del Legislativo reciba la recomendación y programe una fecha para que lo conozca todo el Parlamento. Previo a dar a conocer su resolución, que fue tomada por unanimidad, la comisión especial integrada por cinco diputados conoció un informe escrito enviado por el presidente Pérez en el que niega su participación en la estafa al fisco descubierta el pasado 16 de abril.
César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que debido a que la ley no obliga la presencia física del presidente, se optó por entregar el escrito “negando los hechos” que se le imputan a su cliente, quien se aferra al cargo pese a protestas masivas que exigen su salida.
Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de los cabecillas de una mafia denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.
Conversación sospechosa
Con base a la sospecha, ambas entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso a iniciar el procedimiento de antejuicio (retiro de inmunidad) contra el mandatario. Una de las pruebas que involucra a Pérez en la estafa es una grabación telefónica con el detenido exjefe del ente recaudador de impuestos Carlos Muñoz, a quien le exige cambios de personal en la entidad, pese a que la institución goza de autonomía.
La exigencia de Pérez fue interpretada por los investigadores como una injerencia en la entidad para colocar funcionarios en puestos clave y facilitar la operación ilícita.
