Piñera realizó el anuncio horas después de reunirse con tres de los seis líderes políticos de la oposición que le demandaron una serie de medidas, incluido el fin del estado de emergencia y del toque de queda que afectan al país desde el viernes. Socialistas, comunistas y los izquierdistas del Frente Amplio rechazaron la invitación al diálogo.
Anunció un aumento inmediato del 20% en las pensiones mínimas, de 151 a 181 dólares, que favorecerá a 590.000 personas; el salario mínimo subirá de 413 a 481 dólares. Además se anuló un alza de 92% en las tarifas de la luz que debía entrar en vigor el próximo mes y un alza en los impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales.
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También incluyó una rebaja en la dieta de los parlamentarios, que parten en los 14.000 dólares, y el fin de su reelección. Muchas de las medidas requieren la aprobación de los mismos parlamentarios, que por años han rechazado una reducción salarial y persisten en ser reelectos.
Líderes opositores valoran los anuncios, aunque echaron de menos medidas estructurales, como una disminución en el sistema de salud privado, al que sólo accede el 20% de los 18 millones de chilenos, y modificaciones a las administradoras privadas de pensiones, que a pesar de sus millonarios ingresos entregan muy bajas jubilaciones debido a los pocos aportes de los usuarios, alegan.
La jornada amaneció con largas filas frente a los pocos supermercados que permanecieron abiertos, para obtener productos básicos que empiezan a escasear luego de dos días de cierres por temor a los saqueos. En un barrio de clase media, decenas de personas fueron dispersadas con bombas lacrimógenas luego de un intento de saqueo, mientras algunas mujeres gritaban que necesitaban leche.
Los desórdenes empiezan a molestar a muchos, como a Fernando García, dueño de un comercio de barrio, dijo enojado que “ya está bueno, que la corten (con las protestas). Quieren destruir todo. En la noche no duermo pensando que me pueden saquear”.
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También había largas filas ante gasolineras, aunque con menor intensidad que en la víspera. Jacqueline Zúñiga, dependienta de una estación de servicio, dijo a AP que “la gente está descontrolada en todo, creen que la bencina, el petróleo, se van a terminar, lo único que hacen es cargar, llenar, llenar... todo esto ha llevado a una agresividad”.
Piñera dijo que la violencia ha bajado en el país, mientras su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la jornada del lunes se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados y comercios a bienes de la infraestructura pública, como municipalidades y comisarías.
Afirmó que el país está frente a “una acción concertada” de grupos violentos que pretenden desestabilizar al gobierno y que los 20.000 militares y policías que patrullan las calles de la ciudad “no están sobrepasados”.
Aunque el gobierno congeló el sábado el alza en las tarifas del subterráneo de 1,12 a 1,16 dólares, que originaron el estallido social, las violentas protestas continuaron y destruyeron un 85% de las estaciones de ese transporte público y decenas de supermercados.
Los manifestantes claman por mejores salarios, que en Chile promedian los 400,000 a 500,000 pesos (entre 562 y 762 dólares), mejores pensiones y bajas en los precios de las medicinas y los servicios públicos.
Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante.
“Cerca del 65% de la población de Chile gasta más de lo que (le) ingresa. Eso significa que están sobre endeudados y que todos los meses cargan con una mochila angustiosa”.
“Hemos escuchado un grito colectivo fuerte, que tal vez antes sólo lo escuchábamos como un murmullo. A la sociedad, en su conjunto, les decimos con mucha humildad que para nosotros es hora de escuchar con los oídos grandes”, dijo el martes Alfonso Swett, presidente de los grandes empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio.
