Rivas, también director de operaciones del Grupo Promérica, que aglutina a varias entidades financieras en el continente, es el detenido número 14 de una redada policial que en los últimos días ha capturado a aspirantes a la presidencia y críticos del gobierno, cuando faltan cinco meses para las elecciones generales.
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De acuerdo con un comunicado de la policía, Rivas es investigado, entre otros delitos, por 'proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones'.
El alto ejecutivo, es el segundo empresario en ser detenido, señalado por 'demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos'.
El líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, fue detenido hace una semana bajo los mismos cargos que Rivas.
El Banpro es uno de los bancos más importantes de Nicaragua y miembro del Grupo Promérica, con subsidiarias en Centroamérica y América del Sur.
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La detención de Rivas se produjo después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la 'inmediata liberación' de los opositores detenidos.
La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, a quien acusan de lavado de activos.
También están detenidos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
El gobierno de Nicaragua considera que los opositores detenidos bajo cargos de 'incitar a la intervención extranjera' son 'usurpadores' financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.
Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
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Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
