Con una violencia desatada tras 14 años de militarización de la lucha antidrogas, López Obrador prometía en campaña devolver la tropa a los cuarteles y castigar sus excesos.
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Hoy las fuerzas armadas son un socio clave. No solo les mantiene combatiendo a las mafias, sino que creó la Guardia Nacional -una policía militarizada que duplica en personal a la Marina- y cada vez los involucra en más labores: la construcción y administración de un nuevo aeropuerto o el reparto de ayudas sociales.
Aduciendo la necesidad de frenar el narcotráfico y la corrupción, recientemente les entregó el manejo de puertos y aduanas, lo que precipitó la renuncia del ministro de Transportes, Javier Jiménez.
“Tiene una muy buena relación con los altos mandos militares, les da todo”, dice Raúl Benítez-Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Consciente de su férrea doctrina de subordinación a los mandatarios y rechazo al golpismo, el estamento militar curó heridas y hoy renueva el tradicional toma y dame con el poder civil.
“Es un gobierno hiperpersonalizado y las fuerzas armadas son uno de sus instrumentos de lealtad”, añade Benítez-Manaut. Pacto fundacional El respeto al orden democrático es un mito consagrado en la historia oficial por los triunfadores de la Revolución Mexicana -a inicios del siglo XX- y que López Obrador, conocido como AMLO por sus iniciales, repite constantemente.
La verdad tras la retórica patriótica surge en 1946 con el ascenso de Miguel Alemán, primer presidente civil del México moderno, y la consolidación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , encarnación de los militares vencedores. Estos cedieron finalmente el poder a los civiles a cambio de privilegios, principalmente autonomía administrativa y financiera, que ejercen desde entonces con opacidad consentida. En retribución, respaldaron incondicionalmente las políticas del partido hegemónico.
“El ejército posrevolucionario va a la par con la consolidación de un sistema político autoritario, clientelar, corrupto y represor”, apunta Erubiel Tirado, experto de la Universidad Iberoamericana. El pacto se prolongó hasta el ocaso de la era priista en 2000.
En el camino, las fuerzas armadas ganaron el favor popular asistiendo a la población en desastres, haciendo labores sociales o construyendo viviendas. También persiguieron y ejecutaron a opositores políticos y ayudaron a perpetrar fraudes electorales, apuntan los académicos. Con la alternancia democrática, voces desde la academia y la sociedad civil han pedido reformar el papel de los militares y su relación con el poder. Los reclamos apuntan a excluirlos de la guerra antidrogas.
Aunque ya participaban desde los años 1980, su mayor involucramiento en 2006 disparó la violencia. Desde entonces han sido asesinadas 293 336 personas, según datos oficiales que no precisan cuántas son víctimas del combate a las mafias. Como el PRI, Cuba o Venezuela Para Tirado, esta sangría y sonados casos de violación de derechos humanos llevaron a los militares a asumir un papel más deliberante para defenderse.
Pero esto no ha mellado la confianza del pueblo en las tropas, un interesante activo para AMLO, con niveles de aprobación superiores a 50%.
“Está imitando a los gobiernos del PRI del siglo XX que tenían en las fuerzas armadas un apoyo muy fuerte”, dice Benítez-Manaut. Pero la experiencia de gobiernos del continente que ampliaron el rol de los militares es inquietante. “Tenemos dos antecedentes muy importantes: Cuba y Venezuela”, dice Marcos Moloeznik, académico de la Universidad de Guadalajara. Para el investigador, invadir esferas de competencia es “pernicioso” porque provoca desgaste institucional, descuido de la propia misión y riesgo de corrupción. Expandir sus funciones “desnaturaliza a las fuerzas armadas” y no contribuye “al proceso de democratización”, anota Moloeznik.
Aunque para los expertos este renovado acuerdo pudiera interpretarse como una deriva autoritaria de AMLO, la evidencia apunta más hacia la búsqueda de resultados rápidos con lealtad garantizada.
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