CATALUÑA, ESPAÑA.-El socialista Pedro Sánchez defendió el miércoles la amnistía que acordó con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo para ser investido para un nuevo gobierno de España.
“Hemos antepuesto el reencuentro a la venganza. En definitiva, la unidad a la fractura”, afirmó el líder socialista, en el poder desde 2018, durante su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados.
La futura ley de amnistía, destinada a pasar página del intento de secesión de Cataluña en 2017, “va a beneficiar a muchas personas, a líderes políticos cuyas ideas no comparto y cuyas acciones rechazo”, admitió Sánchez.
Pero es necesaria para cerrar las heridas abiertas por esta “crisis política de la que nadie se puede sentir orgulloso”, continuó ante los diputados, asegurando que pretende garantizar “la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón”.
Durante su discurso, de una hora y 45 minutos, el socialista defendió la constitucionalidad de esta medida, a la que él se oponía en el pasado, y pidió a la oposición de derecha -que el domingo movilizó a cientos de miles de personas contrarias- que demuestre “responsabilidad”.
“El problema del Partido Popular” (PP, derecha) y de Vox (extrema derecha) “no es la amnistía a los líderes del ‘procés’, el problema (...) es que no aceptan el resultado electoral” de las elecciones legislativas del 23 de julio, lanzó Sánchez, cuya votación de investidura está prevista para el jueves.
Mayoría absoluta
Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas de julio, tiene sin embargo asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.
A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, el líder socialista, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, consiguió el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.
Sánchez cuenta así con los votos de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, tras comprometerse a aumentar nuevamente el salario mínimo y a reducir de 40 a 37,5 horas la duración de la semana laboral.
El socialista de 51 años consiguió igualmente los apoyos de los partidos vascos PNV y Bildu, pero también los de las formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña (Junts), el partido de Carles Puigdemont, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
En total, tiene garantizados 179 votos a favor de los 350 diputados del Congreso, tres por encima de la mayoría absoluta necesaria para ser investido.
Pero la medida de amnistía, reclamada, entre otros, por Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica en 2017 para esquivar a la justicia española, despertó una fuerte división en la sociedad española y creó dudas sobre la capacidad e Sánchez para gobernar con tranquilidad.
Vox compara a Sánchez con Hitler o Chávez
Desde hace diez días se producen concentraciones diarias lideradas por la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, que en ocasiones han degenerado en episodios de violencia. El PP y Vox, que ha llamado a la “resistencia” frente al nuevo gobierno, planean multiplicar los recursos judiciales contra la amnistía.
“Desean una España resignada y silenciosa, pero no la van a tener”, prometió el líder conservador Núñez Feijóo en su discurso en la sesión de investidura, augurando que “la amnistía no mejorará la convivencia”.
Feijóo acusó a Sánchez de “corrupción política”, porque, argumentó, “tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre”.
El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de dar “un golpe de Estado”, y lo comparó con Hitler, o los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad, tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler”, afirmó, antes de que la presidenta del Congreso lo llamara al orden.
Debido a la tensión que rodea a esta investidura, más de 1.600 policías -según el ministerio del Interior- se desplegaron alrededor del Parlamento, en un dispositivo equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.
Sánchez “está vendiendo a España” a los independentistas catalanes, opinó Belén Valdez, una manifestante envuelta en una bandera española, junto a algunas decenas de personas situadas detrás del cordón policial establecido a bastante distancia del Congreso.
