La exorbitante cifra que derrocha el Congreso en asesores: “Lo usan como agencia de empleos”

Tegucigalpa, Honduras.- Los asesores del Congreso Nacional de Honduras bien podrían formar otro parlamento.

En promedio, el Poder Legislativo mantiene cada mes 118 consultores pero hubo períodos en 2024 que la cifra alcanzó los 128 profesionales, número que iguala la cantidad de diputados propietarios.

En un Congreso donde apenas han sesionado 242 horas este año y se han aprobado menos de cien proyectos, ese número de asesores parece ser un peso salarial fuerte que no rinde resultados.

Estas reflexiones se desprenden de un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que devela la planilla de asesores, asistentes y servicios profesionales contratados en la cámara legislativa este 2024, pese a la poca actividad.

La investigación “Monitoreo legislativo: asesores, asistentes y consultores en abundancia; resultados en escasez” revela que 106 millones se destinaron al pago de asesores, asistentes y servicios profesionales entre enero y octubre de 2024.

La investigación de ASJ indica que la cantidad de asesores, entre permanentes y temporales, contratados por el Poder Legislativo este año oscila entre los 128 y 108 profesionales.

Lo anterior deja un promedio de 118 asesores al mes, apuntó la Organización No Gubernamental (ONG). La figura de estos profesionales está contemplada en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, pues prestan su colaboración técnica a los diputados.

Igualmente, participan en la organización de los proyectos de ley, así como en la evaluación e investigación de su impacto. Por último, en ocasiones se encargan de la planificación anual de actividades y proyectos.

La mayor parte de estos profesionales (siete de cada diez) devengó un promedio de 31,000 a 60,000 lempiras mensuales.

Una parte menor (27%) recibió entre 15,000 a 30,000 lempiras y una ínfima porción (5%) cobró un sueldo mayor: de 61,000 a 100,000 lempiras.

En total, entre enero y octubre de 2024, el Congreso Nacional erogó 44 millones de lempiras por concepto de asesores y consultores, señala el informe.

A esta cifra se le suman el pago de 55 millones de lempiras en asistentes y de siete millones de lempiras en servicios profesionales.

En total, la cámara legislativa ha pagado 106 millones en lo que va del año en el pago de asesores, asistentes y otros servicios profesionales.

Para el analista Juan Ramón Martínez, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debieron haber iniciado ya una investigación sobre el despilfarro de 106 millones de lempiras en pago a asesores y asistentes en el Congreso Nacional.

Pero no lo hacen porque responden a los intereses de los políticos de turno, criticó el experto.

Para Martínez, “el problema es que todos estos organismos han perdido su nivel de compromiso con el pueblo hondureño y en vez de cumplir con sus obligaciones están al servicio de los caudillos, propietarios, de los financiadores de los partidos políticos, incluso de aquellos que los utilizan como agencia de empleos para facilitar negocios turbios”.

El fiscal debería ser el primero en iniciar una investigación de esa naturaleza, pero él ha pasado por alto que “ya no representa al gobierno, al señor (Luis) Redondo, a doña Xiomara (Castro), ni mucho menos a Mel Zelaya, sino, que, de acuerdo con la ley, representa a la sociedad”.

Martínez expresó que es razonable la preocupación de los entes de veeduría de la sociedad civil por el gasto de 106 millones de lempiras que ha realizado el Congreso Nacional en pago de asesores y asistentes. Los recursos del pueblo deben ser bien utilizados.

En este sentido, es sorprendente la enorme cantidad que el Legislativo ha gastado en un rubro que comparado con administraciones anteriores no han sido tan elevados como ahora. Esta denuncia también tiene que ser tomada en consideración por los diputados, demandó.

Cuidar los recursos en el Congreso Nacional no solo debe ser tarea de la Asociación para una Sociedad Más Justa, sino también debe ser una preocupación y responsabilidad de los diputados. Ellos representan al pueblo y “esos millones gastados es dinero de los contribuyentes”, deplortó.

El analista señaló que el despilfarro de recursos públicos es el efecto de un problema mucho más grave en el Legislativo, el cual ha perdido el carácter de órgano colegiado, ya no es un organismo integrado por 128 integrantes propietarios, sino que está bajo el manejo de un solo hombre, Luis Redondo, y algunos de sus más cercanos colaboradores.

“El presidente de la Junta Directiva no es el dueño del Congreso Nacional, ni mucho menos la Junta Directiva, ellos están al servicio de la mayoría de los diputados”, valoró.

Un segundo elemento es que el Congreso no tiene carácter democrático porque su reglamentación interna no está basada en la superioridad de la mayoría y subordinación de las minorías, sino “en el capricho de una sola persona”, que goza de la complicidad de la titular del Poder Ejecutivo y de la titular del Poder Judicial, criticó Martínez.