El gobierno de Trump lanzó el programa a fines de enero en lo que representa un cambio potencialmente sísmico en la forma en que Estados Unidos maneja los casos de inmigrantes que buscan solicitar asilo y huyen de la persecución en sus países de origen.
En un comienzo, el programa se aplicaba únicamente a aquellas personas que se entregaran a las autoridades en los cruces fronterizos, pero en un memo de un jefe de división de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego se señala que el programa se expandió el viernes para incluir a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.
Las directrices incluyen instrucciones sobre varios grupos de inmigrantes que no están siendo regresados a México y en su lugar recorren el tradicional proceso de asilo en el sistema de tribunales migratorios de Estados Unidos. Entre esas personas están las mujeres embarazadas, los migrantes LGBT y gente que padece problemas médicos. Previamente, las autoridades dijeron que los solicitantes de asilo mexicanos estaban exentos, así como los niños que viajaban sin compañía de un adulto.
VEA: Militar mexicano apuntó con su arma a madre hondureña en un albergue
Las autoridades estadounidenses deben revisar si el solicitante de asilo tiene alguna condena por delito grave y notificarle a México por lo menos 12 horas antes de que lo regresen. Aquellos que crucen la frontera ilegalmente deben entrar como adultos solos, aunque las autoridades están en pláticas con el gobierno mexicano para incluir a familias.
Los críticos del programa señalaron que las instrucciones y exclusiones están escritas de una forma que hace que esté enfocado casi por completo en los centroamericanos.
El programa se implementó luego de que los arrestos en la frontera realizados en febrero registraron la cifra más alta en 12 años y más de la mitad de los detenidos eran familias, muchas de ellas que buscaban solicitar asilo y se entregaron a las autoridades en lugar de evitar ser detenidos.
Guatemala y Honduras han reemplazado a México como los países de donde provienen la mayoría de los inmigrantes, un cambio importante en comparación con hace apenas unos años.
Los lineamientos muestran que las autoridades mexicanas insisten en que no más de 20 solicitantes de asilo sean regresados cada día de San Diego a Tijuana, México, de lunes a sábado, lo que subraya los problemas que Estados Unidos enfrenta en cuanto a tratar de avanzar en una de sus principales prioridades sobre el control de las fronteras y en uno de los cambios más significativos al sistema de inmigración del país en la presidencia de Trump.
Las autoridades dijeron el martes que más de 76,000 personas fueron frenadas o aprehendidas en la frontera mexicana en febrero, más del doble respecto al mismo periodo del año pasado.
En un memorándum enviado el martes a los principales agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego se afirma que la agencia está bajo “presiones para utilizar este programa lo más que podamos”.
Las familias que buscan solicitar asilo generalmente son liberadas de forma inmediata y tienen permitido establecerse con familiares o amigos mientras su caso pasa por los tribunales de inmigración, un proceso que a menudo toma años. Los críticos dijeron que eso forma parte de la práctica de “detener y liberar”, la cual el gobierno quiere limitar con el nuevo programa coordinado con México.
El Departamento de Seguridad Nacional describió el programa en un comunicado como “otra herramienta disponible en la ley” para responder a las cifras récords de migrantes centroamericanos que han llegado a la frontera en los últimos meses. La dependencia dijo que el programa se está implementando de una “manera reflexiva y deliberada” que protege a los migrantes vulnerables y se lleva a cabo en colaboración con el gobierno mexicano.
Dos funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados para hablar sobre las directrices internas y declararon a condición de guardar el anonimato confirmaron el contenido de los memos obtenidos por la AP.
No se había dado a conocer que las instrucciones del gobierno estuvieran dirigidas específicamente a los hispanohablantes y latinoamericanos, aunque algunos críticos dijeron que no es una sorpresa si se toma en cuenta que las cifras más recientes de arrestos son en gran parte de centroamericanos.