La nota confidencial de tres páginas y media redactada por congresistas republicanos y desclasificada por Donald Trump afirma 'destacar temores sobre la legitimidad y la legalidad de ciertas acciones' emprendidas por el FBI y el departamento de Justicia (DoJ) estadounidense.
El documento reprocha a ambas instituciones haber cometido abusos a fin de obtener el mandato de un juez para espiar las conversaciones de un exconsejero diplomático del equipo de campaña de Trump, Carter Page.
Aprobada hace 40 años, la ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) impone en efecto a los investigadores del DoJ presentar a un magistrado federal elementos probatorios -que permitan suponer por ejemplo que un individuo trabaje clandestinamente para una potencia extranjera- a fin de tener derecho a colocar a esa persona bajo escuchas.
- Lo que dice la nota
Para obtener el preciado mandato judicial, el DoJ y el FBI se apoyaron en informaciones obtenidas por Christopher Steele, un espía británico. Este operaba en el marco de una misión, financiada por el Partido Demócrata y el equipo de campaña de Hillary Clinton, lo que delata claramente una inclinación anti-Trump.
La solicitud de un mandato de escuchas presentada al juez fue firmada por cuatro altos funcionarios que voluntariamente omitieron precisar las motivaciones políticas de Christopher Steele: el entonces director del FBI, James Comey, su exadjunto Andrew McCabe, la exfiscal general adjunta Sally Yates y el actual número dos del DoJ Rod Rosenstein.
El 'dossier' compilado por Christopher Steele representaba una 'parte esencial' de la demanda de mandato de escucha presentada al magistrado federal.
Steele era también una fuente del FBI, aunque su credibilidad era más que dudosa: mintió a la policía federal sobre sus contactos y dio información reservada a los medios en violación de las normas de confidencialidad en los servicios de inteligencia.
Lo que omite la nota
Carter Page era objeto de sospechas del FBI desde 2013, mucho antes de la misión de investigación confiada a Christopher Steele.
El caso de Steele no fue el detonante de la apertura de la investigación inicialmente confidencial del FBI sobre una posible colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Donald Trump. La misma fue abierta en julio de 2016, luego de que los servicios de inteligencia estadounidenses constataran comunicaciones intensivas entre rusos y asesores del candidato republicano, principalmente el consejero George Papadopoulos.
El hecho de usar ante un juez informaciones provenientes de una entidad que tenga prejuicios o intenciones ocultas (como Steele) no es excepcional: corresponde al magistrado estimar luego el peso a dar a esas informaciones.
