El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), principal opositor a Lenín Moreno, regresará el viernes al país para liderar la campaña por el 'No' en la consulta convocada para inhabilitarle a la reelección.
El regreso de Correa -quien había anunciado que llegaría el jueves desde Bélgica, donde vive tras dejar el cargo en mayo del año pasado- augura una nuevo pulso con su expartidario Moreno, en medio de una pugna por el poder que llevó a la crisis al movimiento de izquierda Alianza País (AP).
'Viene a impulsar la campaña por el 'No' en una consulta que es inconstitucional, ilegal e ilegítima', dijo el jueves a la AFP Ricardo Patiño, presidente encargado del ala correísta en el fraccionado partido oficialista.
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El exmandatario arribará el viernes por la madrugada a Guayaquil (suroeste) para promover el 'No' durante el mes de campaña para el referéndum del 4 de febrero. El sábado participará en un acto proselitista en Portoviejo (suroeste).
Moreno, exvicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, planteó una enmienda constitucional para eliminar la reelección indefinida impulsada por su antecesor, convertido en su principal enemigo político y que no ha descartado la posibilidad de ser candidato en 2021.
'Peligroso autoritarismo'
En medio de la división del oficialismo, el embajador de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Guillaume Long, anunció el jueves su renuncia al cargo ante el 'autoritarismo' del gobierno de Moreno y por su desacuerdo con la consulta 'inconstitucional'.
'Me rehúso a ser cómplice del peligroso autoritarismo, disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante, que hoy coloniza agresivamente a nuestro Ecuador', expresó Long.
'Me preocupa también que, a falta de gestión en estos meses, su gobierno se haya dedicado exclusivamente a enturbiar la gestión' de Correa, de quien fue canciller, explicó.
El correísmo acusa a Moreno de aliarse con la oposición para hacer 'desaparecer el legado' de la denominada 'Revolución Ciudadana' impuesta por Correa tras una década de inestabilidad democrática en Ecuador.
Moreno llamó el miércoles, cuando se inició la campaña, a respaldar su consulta 'porque depende muchísimo de su resultado la capacidad de ejercer la gobernabilidad sin ninguna cortapisa, sin ninguna traba'.
'Es una restricción de derechos' la eliminación de la reelección indefinida, indicó Patiño.
Moreno busca restablecer la reelección por una sola vez, que originalmente contemplaba la Carta Magna en vigencia desde 2008, lo que inhabilitaría a Correa para la presidencia.
En su administración, Correa consiguió una decena de holgadas victorias electorales consecutivas.
'Si pierde la consulta, que al menos al día de hoy parecería ser lo más probable, va a sufrir un revés político importante', expresó a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
'Dictadura civil'
Unos 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para responder siete preguntas, entre las que además se propone reestructurar un órgano creado por Correa para designar autoridades electorales y de control.
'En caso de ganar el 'Si', implicaría que Lenin Moreno tendría todos los poderes en sus manos. Sería una clara dictadura civil que tendríamos en el país porque se apoderaría de las funciones electoral, jurisdiccional, de control', expresó Patiño.
Moreno, cuya gestión es aprobada por un 71% según una encuesta de Cedatos, tiene el respaldo de sectores de oposición para su consulta, dirigida también a inhabilitar a condenados por corrupción a participar en política.
Jorge Glas, aliado de Correa, dejó el miércoles de ser vicepresidente de Moreno ante la falta definitiva (por más de tres meses) en el cargo al permanecer en la cárcel desde el 2 de octubre último, por recibir 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
En diciembre, un tribunal condenó en primera instancia a seis años de cárcel a Glas, cuyo sucesora será posesionada este sábado por el Congreso, que elegirá de una terna presentada el jueves por Moreno e integrada por la actual vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña, la canciller María Fernanda Espinosa y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.
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