Velásquez es el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y Naciones Unidas en 2007.
Junto con la fiscalía, la Cicig ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente Jimmy Morales para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no cedió ante los reclamos del gobierno guatemalteco que le había fijado un ultimátum para nombrar un nuevo jefe de la Cicig al rechazar la presencia de Velásquez.
'Según el acuerdo, el secretario general es quien nombra al comisionado de la CICIG', dijo la ONU en un comunicado.
'La Cicig ha sido considerada ampliamente exitosa en su apoyo a los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones nacionales encargadas de investigar y enjuiciar crímenes dentro de su mandato', afirmó.
'El secretario general no ve ningún motivo para cambiar su posición actual de apoyo al comisionado Iván Velásquez', añadió la organización.
Corte reitera que Velásquez puede volver
El 4 de septiembre, cuando Velásquez se encontraba trabajando en Estados Unidos, Morales le prohibió su ingreso a Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, dictaminó el domingo pasado de forma unánime que el gobierno debe permitir el regreso del comisionado pero un día después, en desafío a esa orden, el ministro del Interior Enrique Degenhart dijo que Velásquez 'no ingresará al territorio nacional'.
Este miércoles, la misma corte, al resolver una petición para aclarar su resolución, confirmó la orden para que Velásquez pueda regresar a Guatemala sin ningún tipo de restricción, según anunció en rueda de prensa el vocero de la CC, Santiago Palomo.
Por su lado, la ONG Human Rights Watch pidió a Morales acatar el fallo judicial.
'El presidente no tiene más alternativa que cumplir plenamente con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad', dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de la ONG Human Rights Watch, en un comunicado.
'De lo contrario, violaría de forma manifiesta el orden constitucional del país y justificaría que la OEA invoque la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho en Guatemala', advirtió.
Wilkinson se congratuló de que 'una vez más' el Tribunal Constitucional frustre 'los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la Cicig'.
El presidente guatemalteco, que antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido en campaña electoral solicitar su prórroga hasta 2021, anunció este mes que no pedirá a la ONU una nueva ampliación del mandato, que vence en 2019.
En 2015 la Cicig, junto con la fiscalía general, reveló una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezada por el expresidente Otto Pérez (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes están en prisión y a la espera de enfrentar un juicio.
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