MANAGUA, NICARAGUA.- Dirigentes estudiantiles de Nicaragua denunciaron el martes la captura de seis universitarios durante una redada policial contra dirigentes de las protestas antigubernamentales que estremecen al país desde abril.
El dirigente universitario Harley Morales declaró a medios de comunicación que fue una detención 'arbitraria' e 'ilegal' de sus compeñeros, dos de los cuales tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los detenidos es Edwin Carcache, quien era delegado de la alianza opositora que participa en el diálogo nacional con el gobierno del presidente Daniel Ortega, bajo la mediación de la iglesia católica.
La policía inicialmente no se pronunció sobre la captura.
Según la dirigencia estudiantil, los universitarios habrían sido llevados a las celdas de Auxilio Judicial, más conocidas como 'El Chipote' en el antiguo centro de Managua, denunciada por organismos de derechos humanos como un centro de torturas.
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Morales manifestó que las capturas de estudiantes y líderes de la protesta 'se inscribe en una estrategia del régimen para desmoralizarnos, aterrorizarnos, además de criminalizar y judicializar arbitrariamente a los dirigentes de nuestro movimiento'.
El también universitario Jean Carlos López consideró que el gobierno persigue 'selectivamente a los líderes' de las protestas, como ocurrió con el dirigente campesino Medardo Mairena, lo que interpretó como una expresión más de que Ortega 'ya no puede gobernar'.
La CIDH dijo en Twitter que fue informada de la detención de los estudiantes cuando iban a una reunión con el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que integra la alianza opositora.
'Exhortamos al Estado de Nicaragua a brindar datos sobre la ubicación de los jóvenes y los motivos de las detenciones', escribió el organismo, que mantiene en el país una misión a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
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Los estudiantes iniciaron las protestas el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, que se extendió a otros sectores sociales hasta transformarse en una demanda para la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La violencia generalizada durante 140 días, deja más de 320 muertos, 2000 heridos y una cantidad desconocida de detenidos, desaparecidos y miles de refugiados en países vecinos.
El dirigente universitario Harley Morales declaró a medios de comunicación que fue una detención 'arbitraria' e 'ilegal' de sus compeñeros, dos de los cuales tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los detenidos es Edwin Carcache, quien era delegado de la alianza opositora que participa en el diálogo nacional con el gobierno del presidente Daniel Ortega, bajo la mediación de la iglesia católica.
La policía inicialmente no se pronunció sobre la captura.
Según la dirigencia estudiantil, los universitarios habrían sido llevados a las celdas de Auxilio Judicial, más conocidas como 'El Chipote' en el antiguo centro de Managua, denunciada por organismos de derechos humanos como un centro de torturas.
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Morales manifestó que las capturas de estudiantes y líderes de la protesta 'se inscribe en una estrategia del régimen para desmoralizarnos, aterrorizarnos, además de criminalizar y judicializar arbitrariamente a los dirigentes de nuestro movimiento'.
El también universitario Jean Carlos López consideró que el gobierno persigue 'selectivamente a los líderes' de las protestas, como ocurrió con el dirigente campesino Medardo Mairena, lo que interpretó como una expresión más de que Ortega 'ya no puede gobernar'.
La CIDH dijo en Twitter que fue informada de la detención de los estudiantes cuando iban a una reunión con el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que integra la alianza opositora.
'Exhortamos al Estado de Nicaragua a brindar datos sobre la ubicación de los jóvenes y los motivos de las detenciones', escribió el organismo, que mantiene en el país una misión a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
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Los estudiantes iniciaron las protestas el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, que se extendió a otros sectores sociales hasta transformarse en una demanda para la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La violencia generalizada durante 140 días, deja más de 320 muertos, 2000 heridos y una cantidad desconocida de detenidos, desaparecidos y miles de refugiados en países vecinos.
